12 de octubre de 2009

Ante el fracaso, la represión - Alvaro Delgado

No hay un solo dato, uno solo, para callarle la boca a quienes afirman que Felipe Calderón encabeza un gobierno inepto. Es vasta, en cambio, la información que sustenta su talante represor.

La liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro materializa, en la forma y en el fondo, esas dos características del gobierno actual, que tramó y operó esa batida en la oscuridad, como acostumbran los faltos de valor.


Por eso tampoco hay que ver la liquidación de Luz y Fuerza del Centro como una postura antisindical de Calderón, cuya legalidad está en entredicho, sino de represión selectiva:

Mientras termina con esa empresa, supuestamente para sanearla de la voracidad sindical, y lanza al desempleo a 40 mil trabajadores, se afianzan las complicidades con capos de la talla de Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Valdemar Gutiérrez, Víctor Flores Morales, Ramón Gámez y Víctor Fuentes, el heredero de Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine, que representa a la facción de electricistas del oficialismo.

La ecuación política es sencilla: A falta de logros de gobierno, acciones quirúrgicas espectaculares; a los aliados gracia y a los enemigos paredón.

Así, con la economía a pique y el desempleo boyante, con los criminales impunes y ensangrentado el territorio, Calderón opta por arrancar el aplauso de las hordas afines y se congracia con sus verdaderos jefes.


¿Pero cuáles son los "privilegios" que llevaron a la quiebra a la compañía?

Veamos la información oficial: Los empleados no pagan la luz porque tienen derecho al consumo gratis de 350 kilowats; obtienen de aguinaldo el equivalente a 50 días de salario, y el "incentivo por desempeño" es de 66.67% del sueldo base.

También los empleados tienen ayuda para despensa equivalente a 15% del sueldo bruto; un fondo de ahorro que representa 22% del sueldo base; ayuda para transporte de 12.5% del sueldo base y apoyo para renta de 34.5%, también del sueldo base.

Una aclaración: Estos "privilegios" no son de los trabajadores de base, la mayoría afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino de los centenares de miembros de la alta burocracia de la empresa, los de confianza, que suman esas prestaciones a sus de por sí altos sueldos.

El ejemplo más claro es el de Jorge Gutiérrez Vega, director general de la empresa, quien tiene un sueldo mensual de 197 mil 642 pesos y que, con las prestaciones descritas --además de dos automóviles y teléfonos celulares-- suma los 250 mil pesos cada mes.

¿Merece el director general de la empresa tamaños ingresos, cuando no ha sido capaz de dirigirla con eficacia? ¿Lo merecen también los 10 subdirectores que cobran, cada uno, un promedio de 150 mil pesos cada mes, además de esas prestaciones?
Por como actúa el gobierno de Calderón, la respuesta es sí.

Pero, en contraparte, es delito aspirar a una mejor calidad de vida y es peor todavía que un sindicato actúe para lo que fue creado. Lo correcto es que un trabajador acepte cobrar lo menos posible –en una de esas hasta gratis-- y un sindicato sea sinónimo de mansedumbre.

Y estas parecen ser las recomendaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que condena que, desde 2001, los trabajadores de la industria eléctrica hayan obtenido un promedio de 9% de aumento a sus salarios.

Según un análisis del IMCO, publicado por el diario Reforma el 7 de octubre, la eléctrica es la actividad con el mayor salario promedio del sector industrial, ya que es dos y media veces más alto que el de otras ramas. Así, en 2000, un trabajador del sector industrial cobraba 129 pesos al día en promedio, mientras que uno de la industria eléctrica cobraba el doble: un promedio de 272 pesos.

Ese organismo privado aduce que esta diferencia se ha mantenido desde 2001, el primero de los nueve años de gobierno del PAN, cuando los trabajadores de la industria eléctrica han obtenido una tasa de crecimiento salarial de 9% anual.

Así, según el análisis del IMCO, actualmente un trabajador de la industria eléctrica gana 593.48 pesos diarios en promedio, contra 230.22 pesos de otros sectores, por lo que se mantiene consistentemente el doble de las percepciones.

Otro cosa que al IMCO le parece inaceptable es que un trabajador jubilado de la compañía de Luz y Fuerza del Centro reciba un aumento de 40% con respecto al salario de los trabajadores en activo.

Otros "privilegios" de los trabajadores de esa empresa eran –porque ya no existen más-- que se les practicasen dos exámenes médicos cada año, una ayuda de mil 500 pesos para lentes graduados, entrega de útiles escolares y un aguinaldo equivalente a 54 días de su salario.

Como se ve, no han sido los "privilegios" del SME los que llevaron a la quiebra a LyFC y, en todo caso, no han sido los únicos a juzgar por la incompetencia y las canonjías de la alta burocracia de la empresa.

Sólo los que no quieren no ven el trasfondo político de la medida que, como otros montajes, tratan de ocultar la ineptitud del gobierno de Calderón que, vengativo, recurre a la represión y, además, el negociazo con la fibra óptica.

Que no se olvide: Calderón convalidó el convenio para explotar ese recurso mediante la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., cuyos principales accionistas son Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, nada menos que secretarios de Energía de Vicente Fox, y que se han callado la boca…

Apuntes


¿Con este gobierno y su partido, el PAN, se quieren aliar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para derrotar a Ulises Ruiz en Oaxaca, Fidel Herrera en Veracruz y Mario Marín en Puebla? Jesús Ortega y su corriente de Nueva Izquierda sí.
Pero ¿Andrés Manuel López Obrador lo consentirá sólo para tomar un respiro electoral, que en realidad será un respiro para el PAN?

¿Qué argumentó dará para tales alianzas Javier Corral Jurado, operador directísimo de Calderón, con quien se reconcilió a cambio de la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados?


 

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