27 de noviembre de 2009

Felipe Calderón y su gabinete incumplen con el estado de derecho: Serrato Lozano



Felipe Calderón y su gabinete niegan la existencia del estado de derecho con sus constantes negativas a aceptar las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que toda autoridad está obligada a respetar la ley para que así se genere una sana convivencia y se fortalezcan las instituciones de este país, subrayó el ombudsman estatal, Víctor Manuel Serrato Lozano, quien evidenció que el cúmulo de inconsistencias que presentan las averiguaciones previas de los funcionarios michoacanos detenidos a partir del 26 de mayo, así como las irregularidades señaladas por sus familiares sólo han merecido la atención de los poderes Legislativos federal y local.

“Es muy lamentable que las recomendaciones que emite la CNDH sean ignoradas. Es muy lamentable, una cuestión a revisar por parte del Poder Legislativo. La CNDH siempre ha lamentado que, sistemáticamente, la PGR y la SSP no acepten las recomendaciones. A las comisiones lo que nos interesa finalmente es la aceptación y el cumplimiento porque con eso se satisfacen las exigencias de los ciudadanos”, expuso.

Por su parte, el coordinador de los diputados michoacanos en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Víctor Báez Ceja, afirmó que la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para aceptar la recomendación de la CNDH “da la idea” de que el caso tiene un trasfondo político; además, advirtió que el hecho tiene consecuencias para todos los mexicanos, ya que el gobierno violenta leyes y garantías individuales, utiliza en exceso las figuras de los testigos protegidos y el arraigo de forma impune.

En tanto, el coordinador del grupo plural conformado en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso y presidente de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos, el priísta Rubén Moreira, advirtió que con la actitud que ha mostrado el calderonismo respecto a ésta y las demás recomendaciones que ha ignorado, sólo provocan que la CNDH y sus versiones locales “pierdan peso moral”.

“El peso de la CNDH, que es una institución en beneficio de todos los mexicanos, depende de que la autoridad acate la resolución, pero sobre todo de que las responda. Debe haber una explicación de por qué no se acató ni se respondió la resolución. Cualquier autoridad tiene que ajustarse siempre a las recomendaciones de la CNDH porque es un órgano que vela por el respeto a la ley. Si las autoridades, en forma sistemática, rechazan las recomendaciones, pues entonces pierde su peso moral la CNDH o cualquier comisión local”.

Por vez primera, los integrantes de la comisión plural se reunieron ayer en Morelia con los diputados locales que también le dan seguimiento al caso, así como con los familiares de los detenidos. Ahí se confirmó que ya se ha presentado una solicitud para que los ex funcionarios sean trasladados al Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, ubicado en esta capital. La posibilidad de que esto así ocurra “es real”, sostuvo Moreira.

La solicitud de traslado fue presentada en la víspera por los familiares de los detenidos y podría ser apuntalada por las comisiones parlamentarias que dan seguimiento al tema. Este acompañamiento se confirmaría la próxima semana, “pero nuestro ánimo es apoyar esta petición. No quiero prejuzgar, pero un (Centro Federal de Readaptación Social) Cefereso es para delincuentes de magnitud considerable, que no pueden convivir en un penal normal y existe la posibilidad o el riesgo de que se sustraigan de la justicia. Esperamos un acto de buena voluntad del gobierno federal, que tenga sensibilidad”, apuntó el priísta.

Desdén panista

El grupo plural de la Cámara Baja que analiza el caso está integrado por los ya mencionados Víctor Báez y Rubén Moreira, así como por Diego Loredo Rubio, del PVEM; Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza; María Teresa Ochoa Mejía, de Convergencia, y el petista jalisciense, Enrique Ibarra Pedroza. En un principio también participaba el coordinador de los diputados michoacanos del PAN, Agustín Torres Ibarrola, quien simplemente dejó de asistir a las reuniones sin ofrecer explicación alguna. La bancada panista no ha notificado su renuncia de manera oficial o su sustitución por otro legislador.

 

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