19 de enero de 2010

Las oficinas de los secretarios de Estado gastarán más de 170 mdp: Di Costanzo

El legislador presentó un análisis sobre los gastos burocráticos de este año.

El legislador presentó un análisis sobre los gastos burocráticos de este año.
A más de 170 millones de pesos ascenderá este año el gasto burocrático de las oficinas de los 18 secretarios de Estado, pues cada uno de ellos dispone de entre 15 y 40 colaboradores con remuneraciones mensuales de hasta 140 mil pesos.
 
De acuerdo con el análisis del legislador Mario Di Costanzo, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el despacho más costoso será el de la canciller Patricia Espinosa, con 23 millones de pesos.
 
Le siguen las oficinas de Javier Lozano, secretario del Trabajo, con 18.3 millones; Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social, con 13.6 millones, y Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, con 13.5 millones.
 
Según las cifras oficiales, los despachos que ejercerán menos recursos son los del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, con 2.5 millones; el de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, con 4 millones; el de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con 4.6 millones, y el de Marina, Francisco Saynez, con 5.2 millones de pesos.
 
Di Costanzo denunció que, a contracorriente del mandato de austeridad y racionalidad en el gasto, las oficinas del gabinete presidencial mantienen su estructura burocrática con duplicidad de funciones y altas remuneraciones.
 
Como ejemplo de ello citó el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya titular cuenta con un secretario particular y un secretario particular adjunto, así como una secretaria privada y un coordinador de asesores con sueldos de entre 112 mil y 140 mil pesos al mes.
 
La oficina de Patricia Espinosa dispone adicionalmente de nueve asesores, un asistente, un secretario técnico y hasta un chofer con salario mensual de 26 mil pesos, detalló el diputado secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
 
En el caso de la oficina de Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación, la estructura burocrática de 28 plazas incluye un secretario particular, un secretario privado, un coordinador de asesores y un jefe de despacho, con sueldos superiores a los cien mil pesos al mes. Pero también se considera un encargado de agenda, un encargado administrativo, un encargado de alimentos y hasta un encargado de servicios de comedor.
 
El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, tiene también un secretario particular y un secretario privado, con sueldos por encima de los 100 mil pesos mensuales. Además tiene a su servicio a un asesor legal, un asesor legislativo, un asesor político, un asesor económico y un asesor internacional, por lo que su oficina es también una de las más onerosas, con un costo anual de 10.1 millones de pesos.
 
El titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, destinará en 2009 más de 9 millones de pesos al gasto burocrático de su oficina, donde además de sus secretarios particular y privado, el funcionario tiene alrededor de 40 colaboradores en “apoyo técnico”, precisó Di Costanzo.

Javier Lozano, secretario del Trabajo, armó una de las más amplias estructuras de personal asignado a su oficina, con un staff de 29 personas, entre ellas su jefe de oficina y su coordinador de asesores, con sueldos de 140 mil y 125 mil pesos, respectivamente, así como un secretario particular con remuneraciones por 112 mil pesos, un coordinador administrativo y al menos seis asesores de alto nivel salarial.

- Claves
Con cargo al erario
  • Según la revisión del diputado Mario Di Costanzo, más de 200 mandos medios y superiores ocupan plazas asignadas a las oficinas de los 18 secretarios del gabinete presidencial.
  • Además, los despachos de los titulares del IMSS, Daniel Karam, y del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, representan un cargo al erario de 8.7 millones y 7.5 millones de pesos, respectivamente.
  • La Secretaría de Hacienda deberá entregar antes del 15 de marzo a San Lázaro un plan de austeridad y racionalidad, en el que se precise la reducción de plazas de altos funcionarios para los próximos tres años.