31 de enero de 2010

Si eres homosexual no puedes ser buen padre


Según parece, una mayoría de ciudadanos se opone a que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. Este significativo desacuerdo le hace el caldo gordo a los políticos conservadores de este país: “Podría aceptar tal vez que se casen los homosexuales pero esto de la adopción es demasiado, es el colmo, es una aberración”. Y así, ya entrados en gastos, arremeten en su conjunto contra las leyes que promulgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De tal manera, la Fiscalía de la nación ha decidido brincar al ruedo y ya cuestiona la mismísima validez jurídica del matrimonio civil entre gays y lesbianas, aduciendo quién sabe qué preceptos constitucionales e ignorando, de paso, el sacrosanto principio de igualdad.

Está muy en su papel, la Procuraduría General de la República. Finalmente, tenemos un Gobierno conservador. Pero, no nos debemos quejar. En Estados Unidos (de América), la derecha religiosa ha promovido que en la escuela no se enseñe la Teoría de la Evolución de Darwin sino la tesis de un “diseño inteligente” que explicaría, de un plumazo, la acabada existencia del ser humano a partir de un mero soplo divino. Aquí, a pesar de que nuestros puritanos se inquieten de que los libros de texto traten asuntos de sexualidad, no hemos llegado a tan inquietantes extremos. Algunas escandalizadas vociferaciones por ahí, un par de golpecillos de pecho y sanseacabó.

Pero, volviendo al tema, a ver ¿qué se imaginan —unos y otros, es decir, los ciudadanos y sus representantes— que le pueda pasar a un chico educado, digamos, por dos lesbianas? ¿Qué abusos fantasean, qué consecuencias temen, qué irremediables secuelas prevén? Supongo, por lo pronto, que asocian las inclinaciones sexuales de los padres adoptivos con alguna forma de maltrato. Y esta presunción, señoras y señores, entraña obligadamente una desconfianza fundamental sobre la condición de homosexualidad, una sospecha de que dos individuos gays no pueden ser, de entrada, buenos padres. Naturalmente, en el mejor de los mundos todos los niños deberían ser hijos de una pareja de personas heterosexuales amorosísimas y, como dice Luis González de Alba, “ricas y guapas”. Digo, por qué no. Resulta, sin embargo, que el “matrimonio tradicional” por sí mismo no garantiza en manera alguna el bienestar de los hijos. Es más, no asegura ni siquiera su integridad física. Las historias de abusos y violencias ocurren, justamente, en muchos de los hogares cuya legitimidad ha sido plenamente acreditada por el Estado y consagrada, encima, por la Iglesia. En cuanto a los abusos sexuales contra menores, he aquí que los han perpetrado, en sorprendente cantidad, los propios sacerdotes. Peor aún: han cometido estos crímenes invocando el nombre de Dios, escudándose en la sotana y blandiendo el crucifijo. ¿Alguien propone, en estos momentos, una legislación para que ningún cura se acerque a un niño?

Supongo, también, que si una pareja de personas del mismo sexo pretende adoptar un bebé es porque ama, en el sentido más cristiano de la palabra, a los niños. En todo caso, podríamos afirmar que ese pequeño adoptado tendrá mejor suerte que el chico quemado con cigarrillos por unos padres “constitucionalmente” casados (uso el término porque, miren ustedes, el tema, por lo que parece, ya tiene que ver con doña Constitución). Y, desde luego, el chico educado por una pareja de gays que lo llevan a clases de inglés por las tardes, que le ayudan con las tareas, que le organizan una fiesta de cumpleaños, que lo cuidan y lo atienden, será infinitamente más feliz que ese bebé abandonado, desde sus primeros días, en un orfanato donde nadie le brinda una pizca de cariño. Lo seres humanos, estimados lectores, necesitan ser amados para que su corazón no se marchite.

A propósito, justamente, de esta ley sobre la adopción, escuché hace poco el argumento de que la Asamblea Legislativa no hubiera debido meterse en aguas tan profundas. ¿Por qué? Pues, porque los homosexuales que desean adoptar a un infante serían, después de todo, unos pocos, una decena apenas en la ciudad donde se ha decretado la polémica disposición legal. No valía la pena, pues, jugar con fuego. Bastaba con la ley de convivencia o, en todo caso, con la del matrimonio. Esto, sin embargo, no es un asunto de porcentajes. Es una cuestión de derechos que, por definición, deben ser universales y no excluyentes. Pues eso. 
 
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