2 de enero de 2010

Tierra sin ley - Porfirio Muñoz Ledo

Durante los últimos días este diario publicó notas secuenciadas de primera plana que ilustran el fresco del México actual. El eje de la trama es la disolución del Estado de Derecho por el ejercicio de la violencia institucional, aunado a la pérdida de jurisdicción sobre el territorio en beneficio de una estrategia diseñada desde el exterior.

La primera reza que, en opinión de especialistas, somos hoy un frente de batalla de los Estados Unidos: “su guerra contra la droga”. En cuarenta años el consumo se ha elevado de modo imparable en ese país y el núcleo delictivo que lo promueve se ha instalado al otro lado de la frontera.

Incapaces de disminuir el uso de enervantes decidieron combatir su abastecimiento en Colombia y luego atajarlo en México, con la docilidad creciente de nuestros gobiernos. Sólo en este sexenio dicha política ha cobrado aquí más de 16 mil víctimas y allá ninguna.

No estamos ocupados militarmente como Irak, ni invadidos como Afganistán, sino sumidos en una guerra intestina por cuenta ajena. Como en otras revueltas, la mayoría de las armas para ambos bandos vienen del mismo lado. En este caso, también el dinero con que las compran los rebeldes, estimado por el Departamento de Estado en 27 mil millones de dólares.

El Plan Mérida no es una admisión de “corresponsabilidad”, sino un atenuante del desnivel de arsenales, electoralmente útil y, en la práctica, estimulante de la violencia. Es además un instrumento internacional espurio que avala las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.

Dice el obispo Vera que el gobierno incurrió en una “ejecución extrajudicial” en el asesinato de Beltrán Leyva y volvió a prácticas centenarias, llamadas en la Revolución “ley del monte”. Lo hizo utilizando a marinos en tierra al margen de la ley y sacudiendo nuevamente el avispero del crimen.

Las noticias que nos colocan en primeros planos internacionales se refieren a nuestro potencial delictivo. En una década “los cárteles mexicanos alcanzaron la quinta posición entre los grupos criminales del mundo, expandieron sus operaciones a 47 países y se ubicaron como la mayor amenaza del continente”. Ascendieron al 90% de la venta de cocaína a Estados Unidos y están infiltrados en el 58% de los municipios mexicanos.

Ocupamos el sexto lugar mundial en asesinatos de periodistas y, según la DEA, los criminales se aprestan al ataque de “blancos civiles”, a efecto de mermar aun más los asideros del gobierno. Los servicios norteamericanos de inteligencia consideran que “la influencia corruptiva de los cárteles impide a las autoridades mexicanas gobernar algunas zonas del país”.

Carrillo Olea coincide en que “si sombreamos los estados donde reina el narcotráfico, reconoceremos las entidades donde hemos dejado de gobernar”. Echando cuentas: “ya perdimos la mitad del territorio”. En tanto que el actual director del Cisen admite que “la seguridad nacional en México está en pañales”.

Históricamente, un problema de salud pública mal tratado se convirtió en cuestión de seguridad pública, que a su vez fue transformada en crisis de seguridad nacional y regional. Como afirma Buscaglia: “la delincuencia nunca desparece, sólo se puede contener imponiendo las reglas de juego del Estado”, cuando éste existe.

Aguilar y Castañeda en su libro El narco: la guerra fallida demuestran con información concluyente el fracaso de la estrategia actual, cuyas razones fueron políticas: “lograr la legitimación perdida en la urnas y en los plantones a través de las armas”. Acudiendo a la experiencia internacional, sugieren la legalización que “no aumenta el consumo y sí disminuye la violencia”.

Estamos en los límites del golpe de Estado, entendido como entrega del poder a una autoridad al margen de la ley. Urge emprender un proceso contrario: legalizar la acción pública y acotar el delito vía el combate a la corrupción y la ampliación del bienestar.

Diputado federal (PT)

 

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