2 de febrero de 2010
La homofobia de la PGR - Roberto Blancarte
Por más vueltas, no puedo llegar a otra conclusión: la PGR y probablemente la Presidencia de la República están teniendo una actitud homofóbica, muy indigna de sus posiciones y de sus atribuciones. Me pregunto: ¿qué no tiene nada más qué hacer la Procuraduría, para estar dedicándole tiempo y esfuerzo, recursos humanos y materiales (del dinero de nuestros impuestos), que coartar los derechos de los homosexuales? ¿Qué no habrá otros asuntos que pueda atender para realmente cumplir con sus propósitos? ¿Qué no se habrán enterado que todos los días mueren niños y niñas, jóvenes adolescentes, por su incapacidad para procurar justicia en este país? Nada más abrir el periódico para enterarse: el sábado por la noche hubo 24 ejecutados, la mayor parte de ellos jóvenes estudiantes. En Ciudad Juárez a seis estudiantes de bachillerato y una menor de 13 años. En Torreón, varios jóvenes de entre 15 y 20 años. ¿No sería mejor que la PGR se dedicará realmente a proteger a la juventud contra crímenes reales, en lugar de asumir que los homosexuales no tienen derecho a casarse y van a abusar de sus posibles hijos adoptados?
Por más que busco, no encuentro ningún razonamiento válido que sustente la pretensión de la PGR para erigirse en defensora de los derechos de los niños. Señala la Procuraduría en su acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte, que “si el matrimonio, según los derechos y obligaciones establecidas en el Código Civil, para el DF tutela además lo relativo a la descendencia de la pareja, luego entonces se colige que la institución jurídica del matrimonio es jurídicamente incompatible para personas del mismo sexo que desean fundar una familia…”. Lea usted detenidamente las palabras anteriores. ¿Las entiende usted? ¿Tienen alguna lógica? Según la PGR, como la ley que rige el matrimonio también tutela la posible descendencia de la pareja, luego entonces (???) los homosexuales no se deben casar. ¿Le parece lógico y sensato? Lo que la PGR en realidad está queriendo decir es lo mismo que dijo el obispo de Ecatepec hace algunas semanas. Según él, la unión de personas del mismo sexo no puede ser un matrimonio (nada más porque así lo dice, sin argumentos) y entonces como no es un matrimonio, esas parejas no pueden adoptar. Es otra manera de decir que el matrimonio es para procrear y si la pareja no puede hacerlo, entonces no puede adoptar. ¿De cuándo a acá, me pregunto, es una condición querer tener hijos para poder casarse? ¿Se les va a exigir a todas las parejas heterosexuales que tengan por lo menos un hijo? ¿Se les va a impedir casarse a las parejas heterosexuales que decidan no tener descendencia? ¿Cómo es posible que de acuerdo con nuestras leyes una persona soltera pueda adoptar (incluso, supongo, una persona gay), pero que una pareja (incluso gay) no pueda hacerlo?
El intento de discriminación es evidente cuando la PGR afirma en su alegato que las personas del mismo sexo no requieren el matrimonio, pues ya tienen las sociedades de convivencia, lo que es equiparable al concubinato. ¿Dónde está el alegato jurídico? ¿Es eso una tesis de un jurista serio? ¿Es como si se les dijera a las mujeres o a los hombres que viven en concubinato que no tienen derecho a casarse porque después de todo ya sus derechos están protegidos.
Que la acción de la PGR reclamando la inconstitucionalidad de las reformas es abiertamente discriminatoria se puede apreciar también, de manera nítida, cuando la Procuraduría señala su temor de que “se pueda propiciar que los menores adoptados por matrimonios del mismo sexo no encuentren el ambiente propicio y adecuado para su desarrollo, generando con ello al adoptado una situación de desigualdad o discriminación respecto de otros adoptados por matrimonios conformados por un hombre y una mujer”. ¿Por qué asume la PGR que los menores adoptados por matrimonios del mismo sexo no encontrarán el ambiente propicio y adecuado para su desarrollo? ¿Por qué no prejuzga lo mismo de las parejas heterosexuales? ¿No le corresponderá, de hecho, a las instancias pertinentes decidir en su momento si una determinada pareja, sea homosexual o heterosexual, podrá tener o generar dicho ambiente propicio? En otras palabras, la PGR prejuzga y por tanto discrimina a los homosexuales. Los supone capaces de conductas criminales sólo por el hecho de serlo. Es como si se dijera lo mismo de los sacerdotes y religiosas que tienen tantas casas hogar. Sería discriminatorio asumir que sólo por ser sacerdotes o religiosas dichas personas tendrán conductas criminales con los niños.
Lo peor del caso es que la PGR es incapaz de admitir que sus pocos argumentos tienen origen religioso y más precisamente clerical. Pero si uno escucha a Norberto Rivera o lee los artículos del semanario Desde la fe, no queda la menor duda: la arquidiócesis no solamente aplaude el recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR, sino que afirma que el derecho de las personas del mismo sexo para establecer contratos de unión ya está plenamente salvaguardado en la figura de sociedad de convivencia, establecidas en 2006. Esto es lo único bueno de todo este absurdo: ¡ver al arzobispo de México defender las sociedades de convivencia! ¡Cómo hemos avanzado! blancart@colmex.mx
Por más que busco, no encuentro ningún razonamiento válido que sustente la pretensión de la PGR para erigirse en defensora de los derechos de los niños. Señala la Procuraduría en su acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte, que “si el matrimonio, según los derechos y obligaciones establecidas en el Código Civil, para el DF tutela además lo relativo a la descendencia de la pareja, luego entonces se colige que la institución jurídica del matrimonio es jurídicamente incompatible para personas del mismo sexo que desean fundar una familia…”. Lea usted detenidamente las palabras anteriores. ¿Las entiende usted? ¿Tienen alguna lógica? Según la PGR, como la ley que rige el matrimonio también tutela la posible descendencia de la pareja, luego entonces (???) los homosexuales no se deben casar. ¿Le parece lógico y sensato? Lo que la PGR en realidad está queriendo decir es lo mismo que dijo el obispo de Ecatepec hace algunas semanas. Según él, la unión de personas del mismo sexo no puede ser un matrimonio (nada más porque así lo dice, sin argumentos) y entonces como no es un matrimonio, esas parejas no pueden adoptar. Es otra manera de decir que el matrimonio es para procrear y si la pareja no puede hacerlo, entonces no puede adoptar. ¿De cuándo a acá, me pregunto, es una condición querer tener hijos para poder casarse? ¿Se les va a exigir a todas las parejas heterosexuales que tengan por lo menos un hijo? ¿Se les va a impedir casarse a las parejas heterosexuales que decidan no tener descendencia? ¿Cómo es posible que de acuerdo con nuestras leyes una persona soltera pueda adoptar (incluso, supongo, una persona gay), pero que una pareja (incluso gay) no pueda hacerlo?
El intento de discriminación es evidente cuando la PGR afirma en su alegato que las personas del mismo sexo no requieren el matrimonio, pues ya tienen las sociedades de convivencia, lo que es equiparable al concubinato. ¿Dónde está el alegato jurídico? ¿Es eso una tesis de un jurista serio? ¿Es como si se les dijera a las mujeres o a los hombres que viven en concubinato que no tienen derecho a casarse porque después de todo ya sus derechos están protegidos.
Que la acción de la PGR reclamando la inconstitucionalidad de las reformas es abiertamente discriminatoria se puede apreciar también, de manera nítida, cuando la Procuraduría señala su temor de que “se pueda propiciar que los menores adoptados por matrimonios del mismo sexo no encuentren el ambiente propicio y adecuado para su desarrollo, generando con ello al adoptado una situación de desigualdad o discriminación respecto de otros adoptados por matrimonios conformados por un hombre y una mujer”. ¿Por qué asume la PGR que los menores adoptados por matrimonios del mismo sexo no encontrarán el ambiente propicio y adecuado para su desarrollo? ¿Por qué no prejuzga lo mismo de las parejas heterosexuales? ¿No le corresponderá, de hecho, a las instancias pertinentes decidir en su momento si una determinada pareja, sea homosexual o heterosexual, podrá tener o generar dicho ambiente propicio? En otras palabras, la PGR prejuzga y por tanto discrimina a los homosexuales. Los supone capaces de conductas criminales sólo por el hecho de serlo. Es como si se dijera lo mismo de los sacerdotes y religiosas que tienen tantas casas hogar. Sería discriminatorio asumir que sólo por ser sacerdotes o religiosas dichas personas tendrán conductas criminales con los niños.
Lo peor del caso es que la PGR es incapaz de admitir que sus pocos argumentos tienen origen religioso y más precisamente clerical. Pero si uno escucha a Norberto Rivera o lee los artículos del semanario Desde la fe, no queda la menor duda: la arquidiócesis no solamente aplaude el recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR, sino que afirma que el derecho de las personas del mismo sexo para establecer contratos de unión ya está plenamente salvaguardado en la figura de sociedad de convivencia, establecidas en 2006. Esto es lo único bueno de todo este absurdo: ¡ver al arzobispo de México defender las sociedades de convivencia! ¡Cómo hemos avanzado! blancart@colmex.mx
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