25 de marzo de 2010
Aprueban diputados figura de Acciones Colectivas
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó establecer la figura de Acciones Colectivas en el marco legal mexicano para la defensa, protección y representación jurídica de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo social.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó la reforma previamente avalada por el Senado, la cual permitirá que varios ciudadanos ejerzan acción colectiva en un solo procedimiento de reclamaciones, es decir hará eficaces los derechos de grupo.
Con 319 votos a favor y una abstención fue aprobada la reforma al artículo 17 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos.
Con la modificación al referido Artículo, los alcances de un fallo serán válidos para un grupo de personas que se encuentren en la misma situación que un inconforme que interpuso un juicio contra alguna institución.
Asimismo, los ciudadanos podrán beneficiarse de procedimientos individuales en contra de monopolios, acciones injustas o abusos de bancos o instituciones financieras, fraudes de empresas o leyes que les afecten.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro destacó la importancia de esta modificación pues “permitirá dotar a los ciudadanos de nuevos instrumentos de defensa ante casos de monopolios o prácticas comerciales que les afectan”.
En el dictamen se destaca que se protegen los derechos que le asisten a una colectividad, determinada o no determinada, así como los derechos de los individuos, "que por contar con elementos comunes de hecho o de derecho, permiten su litigio de forma colectiva".
Se argumenta que países como Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela aplican este tipo de procedimiento que tutelan intereses colectivos relacionados con diversas materias.
Una vez que la mayoría de los 31 congresos estatales avalen esta reforma constitucional, se prevé que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas.
La reforma prevé que los juzgadores cuidarán que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con los principios de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó la reforma previamente avalada por el Senado, la cual permitirá que varios ciudadanos ejerzan acción colectiva en un solo procedimiento de reclamaciones, es decir hará eficaces los derechos de grupo.
Con 319 votos a favor y una abstención fue aprobada la reforma al artículo 17 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos.
Con la modificación al referido Artículo, los alcances de un fallo serán válidos para un grupo de personas que se encuentren en la misma situación que un inconforme que interpuso un juicio contra alguna institución.
Asimismo, los ciudadanos podrán beneficiarse de procedimientos individuales en contra de monopolios, acciones injustas o abusos de bancos o instituciones financieras, fraudes de empresas o leyes que les afecten.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro destacó la importancia de esta modificación pues “permitirá dotar a los ciudadanos de nuevos instrumentos de defensa ante casos de monopolios o prácticas comerciales que les afectan”.
En el dictamen se destaca que se protegen los derechos que le asisten a una colectividad, determinada o no determinada, así como los derechos de los individuos, "que por contar con elementos comunes de hecho o de derecho, permiten su litigio de forma colectiva".
Se argumenta que países como Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela aplican este tipo de procedimiento que tutelan intereses colectivos relacionados con diversas materias.
Una vez que la mayoría de los 31 congresos estatales avalen esta reforma constitucional, se prevé que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas.
La reforma prevé que los juzgadores cuidarán que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con los principios de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades.
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