20 de marzo de 2010

CEDHJ pide al gobernador que detenga El Zapotillo

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pidió al gobernador de Jalisco que ordene la suspensión de cualquier trabajo orientado a construir la presa El Zapotillo, en Los Altos, por las violaciones a los derechos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los tres pueblos que serían inundados por esta obra.

Se trata de la recomendación 35/2009, la misma que los vecinos organizados de esos poblados, agrupados en el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, habían reclamado al ombudsman estatal, Felipe Álvarez Cibrián, que hiciera pública, pues la incluyó en el resumen de su tercer informe anual de trabajo, pero no les había remitido copia, ni se sabía si las autoridades involucradas, en este caso el gobernador Emilio González Márquez, ya habían recibido la notificación (Público, 19 de marzo de 2010). De hecho, apenas ayer la CEDHJ actualizó, con información de las recomendaciones 34, 35 y 36, su sitio web www.cedhj.org.mx.

La solicitud de la CEDHJ advierte al gobernador que el perjuicio para los vecinos de esas tres comunidades es evidente y se refleja no sólo en el estado de sus poblaciones, que han sufrido falta de mantenimiento y deficiencias de servicios públicos, sino, sobre todo, en la salud emocional de los habitantes, quienes acusan síntomas de estrés y enfermedades por la amenaza contra sus pueblos.
Según el documento, por culpa del proyecto de El Zapotillo se han violado los derechos de esos vecinos “a la legalidad y seguridad jurídica, propiedad, vivienda digna, trabajo, preservación del ambiente, patrimonio común de la humanidad y al desarrollo, vinculadas a las acciones y omisiones de las autoridades en torno al proyecto de construcción”.

La CEDHJ le señala al gobernador que las autoridades, incluyendo a su gobierno, han incumplido su obligación legal de consultar a los vecinos acerca del proyecto, pero además varios instrumentos que tienen que ver con el procedimiento adecuado para aprobar la presa o cualquier obra pública, informar de ello a los afectados y justificar la ubicación que desean la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el gobierno de Jalisco: “El proyecto se efectúa sin contar con los elementos técnicos, jurídicos y científicos adecuados para medir el impacto antropológico, social y ambiental que se provocaría […] No existe ningún decreto dictado por el Presidente de la república, o por autoridad competente, en el que se determine que el lugar de construcción de la presa para la utilización y aprovechamiento de los recursos hídricos del río Verde deba ser el predio El Zapotillo”.

Y, como han denunciado los afectados, también subraya que, si la presa se construye como lo proponen las autoridades, “quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la memoria de sus pobladores, con lo que se afectarían sus derechos a la democracia, a la identidad como comunidades y los colectivos como poblaciones organizadas”.

Entre otras cosas, el ombudsman local también le pide al jefe del Ejecutivo que visite las tres poblaciones y discuta el futuro de la presa con sus habitantes. Desde que, en 2007, la CEDHJ recibió las primeras quejas en torno al proyecto y el peligro para las comunidades, Emilio González Márquez no ha visitado la zona en ninguna ocasión.

La recomendación está dirigida al gobernador como autoridad responsable, pero hace también solicitudes diversas al Congreso del Estado y a los legisladores jaliscienses en el Congreso federal, así como a varios ayuntamientos jaliscienses, incluyendo a Cañadas de Obregón y Mexticacán, que son los dos municipios donde se asientan las tres comunidades en peligro.

 

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