17 de marzo de 2010

Comisión del Senado investigará caso de indígenas presas por secuestro de federales

El Senado aprobó ayer crear una comisión que investigará el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes purgan una condena de 21 años de prisión por el delito de secuestro de seis elementos de la Policía Federal, cuyo juicio contiene supuestas irregularidades.

Fue el gobernador de Querétaro, Eduardo Calzada Rovirosa, quien envió una carta a Carlos Navarrete en la que demanda al Senado intervenir en este asunto, por lo cual se decidió crear ese grupo para investigar la situación del proceso que se les siguió a las dos indígenas, que originalmente eran tres, pero Jacinta Francisco Marcial fue liberada en septiembre pasado, aunque se le procesó por el mismo delito.

Las tres indígenas fueron encarceladas a consecuencia del operativo del 26 de marzo de 2006 en contra de la piratería en Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde se les acusó de secuestrar a seis elementos de la PF.

El perredista Pablo Gómez demandó que se aplique un decreto de amnistía para esas indígenas, ante lo que llamó una “venganza institucional de la PGR”, pero esa propuesta se turnó a la Comisión de Justicia y Asuntos Legislativos para su análisis.

En tanto que la creación del Grupo Especial estará a cargo de la Junta de Coordinación Política.

Fue el senador Manlio Fabio Beltrones quien presentó el punto de acuerdo aprobado, en el que también demandó al Ejecutivo exhortar a la PGR revisar, en coordinación con el Poder Judicial, la situación jurídica de las dos mujeres.

Durante su intervención en tribuna, Beltrones refirió que la integración de grupos de trabajo ha servido en ocasiones anteriores para solucionar problemas relacionados con la violación de derechos humanos.

Y es que dijo que desde julio de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la PGR, en la que denuncia la irregular integración de la averiguación previa.

Señaló que los servidores públicos de la PGR violaron los derechos de la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisca Marcial, esta última liberada en septiembre de 2009.

Mencionó que tanto Amnistía Internacional como la CNDH han señalado la gravedad de las irregularidades cometidas contra Alberta Alcántara y Teresa González.

Amnistía Internacional -añadió el legislador priista- señaló que no existen evidencias creíbles contra Alberta y Teresa, y que éstas han sido elegidas como blancos fáciles por su triple situación marginal de mujeres, pobres e indígenas.

Dijo que a las acusadas no se les ofreció un intérprete durante los procesos judiciales y el defensor de oficio que se les proporcionó, nunca habló con ellas para explicarles sus derechos y medios de defensa, coincidieron ambos organismos.

La gravedad de lo denunciado por las dos instancias obliga a tomar medidas con el fin de reparar las transgresiones padecidas por las mujeres presas durante los últimos cuatro años, acotó.

 

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