4 de marzo de 2010

Libertad política para todos | Pablo Gómez

El Estado laico se estableció para expulsar a la iglesia del Estado y dotar de libertad religiosa a todos. Mas la libertad de cultos no ha sido el límite de la laicidad sino que ésta abarca también el ejercicio de la libertad política en tanto que no hay conductas que deban ser prohibidas por contradecir las creencias de cualquier iglesia.

Al establecerse el Estado laico mexicano no se prohibió a los sacerdotes la expresión política. Lo que se tuvo que hacer en México fue arrebatar al clero católico su poder económico, meter al mercado los bienes eclesiales y abolir las órdenes monásticas. Ese radicalismo del siglo XIX no ha sido perdonado por el alto clero católico. En cambio, los obispos no le dan tanta importancia a la prohibición de criticar las leyes y las instituciones. Esto es así porque las violaciones a la Constitución, en esta materia, son impunes por ser toleradas y sólo sirven para cantar victorias sobre el Estado laico. De esta manera, la laicidad sufre agravios que no le corresponden a su contenido: el laicismo no busca prohibir la expresión de nadie sino reivindica las libertades.

Hoy y aquí, el Estado laico está siendo atacado con furia. La persecución penal de las mujeres que abortan y el rechazo a derechos civiles de los homosexuales están inspirados en mandamientos eclesiales pero son promovidos por políticos del PAN y del PRI que se lanzan contra el laicismo. La respuesta a este ataque no puede hacer suya la prohibición hacia los sacerdotes cuando el discurso reaccionario se encuentra principalmente en los recintos legislativos y Felipe Calderón instruye ilegalmente al procurador para objetar aquellos derechos ante la Suprema Corte de Justicia. Los políticos de la derecha son la más inicua amenaza contra el Estado laico.

Alejandro Encinas ha dicho que los sacerdotes deben obediencia al Vaticano, un Estado extranjero, por lo que no deben tener libertad política. ¿Alguien propone, hoy, que dejen de tener derecho de voto? Los clérigos mexicanos son ciudadanos y éstos no deben estar limitados en sus derechos por dedicarse a una determinada profesión. México ha firmado tratados sobre derechos civiles y políticos que no se reflejan en la legislación interna, lo que es una evidente contradicción. Cuando los obispos Ruiz y Vera critican, la izquierda aplaude; cuando lo hacen Ribera y Cepeda, muchos de la misma izquierda se quejan. ¿Libertad para mis amigos y prohibición para mis adversarios? La doble moral y el doble rasero son propios de la derecha. La política sin principios es negocio o vanidad; quizá también las dos cosas.

En 1978, Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista, planteó la libertad política para todos, incluyendo, naturalmente, a los sacerdotes. El PRI se declaró “anonadado” y rechazó la pretensión. Años después, cuando las corporaciones eclesiales fueron reconocidas plenamente y se permitió, incluso, la enseñanza religiosa en las escuelas privadas, se mantuvo a la prohibición a los clérigos de criticar leyes e instituciones. La jerarquía católica quedó contenta y la restricción a la libertad de expresión política de los sacerdotes no se ha vuelto a discutir hasta ahora debido a la perniciosa relación de abuso-tolerancia que señalaba Méndez Arceo.

Ahora, el arzobispo Ribera se queja de que lo quieren callar. Nada más incongruente en la reivindicación de libertades que querer callar a un disidente. Los sacerdotes están en el debate y se les debe admitir pero con el suficiente cuidado de no ignorar a quienes desde el poder tratan de negar aquellas libertades, empezando por Calderón y los nuevos jerarcas priistas. El tema de la libertad de expresión política de los sacerdotes debe ser eliminado como litigio en el que se oscurece la realidad y se deforma la naturaleza de las contradicciones.

Nota aclaratoria: los partidos religiosos están prohibidos para todos; las cualidades para ser votado están en otros preceptos y tienen otros motivos. No he propuesto que se modifique ninguna de esas dos cosas.

 

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