21 de marzo de 2010

‘Michoacanazo’, triquiñuela del gobierno federal: Martín García Avilés

La liberación del presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, luego de estar preso por 10 meses, fortalece la hipótesis de que “el michoacanazo” fue sólo una triquiñuela política del gobierno federal ante la cercanía de las elecciones federales, afirmó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés.

Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y uno de los más activos vigilantes del procedimiento legal contra 32 ex funcionarios públicos michoacanos encarcelados con motivo del operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el representante popular aseguró que “el michoacanazo” se derivó de una instrucción y no de la existencia de un delito.

“Celebro la liberación de Toño Ixtláhuac por el desvanecimiento de pruebas, así como del resto de los funcionarios que han salido libres por la decisión del Tribunal Unitario de Distrito con sede en Acapulco”.

García Avilés indicó que todo lo acontecido a partir de la detención indebida de los servidores públicos michoacanos, demuestra que figuras como el arraigo, el testigo protegido y los cateos deben ser revisadas a fondo en el Congreso de la Unión, porque en la práctica se han prestado a errores y malos manejos por parte de las autoridades federales.

“Todo lo anterior nos hace fortalecer nuestra idea de que pronto saldrán libres los otros detenidos por estos hechos tan lamentables, y esperemos que sea muy pronto, porque desde el principio no debieron haber sido ni siquiera molestados, porque desde el inicio de todo este asunto no había pruebas para haberlos tratado como los trataron”.

Posteriormente, García Avilés envió un reconocimiento al trabajo de los abogados de Ixtláhuac Orihuela, así como a las comisiones plurales de legisladores que se conformaron en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado para dar seguimiento al tema.

Desde su punto de vista, la tarea política y de vigilancia de los senadores, diputados federales y diputados locales, pero también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ha sido de gran valía para buscar la justicia después de las arbitrariedades cometidas por el Gobierno Federal.