7 de abril de 2010

Derechos humanos en deterioro | David Velasco

Maestro David Velasco académico del ITESO
en su participación semanal 
En el programa Forma y Fondo, de RadioMetropoli
Con los periodistas



Radio Metrópoli. 7/04/2010.

En tres semanas se han acumulado muchos acontecimientos. Hay un rasgo común en la mayoría de ellos. Son violaciones constantes de diversos derechos humanos, comenzando por el aumento de las quejas recibidas en la CNDH por abusos cometidos por el ejército. Nada nuevo. Pero cada vez más grave. Como los dos niños asesinados en un retén militar en Tamaulipas, Martín y Bryan Almanza Salazar, a pesar de los gritos de sus padres de que no dispararon porque iban niños; los soldados siguieron disparando e incluso lanzaron granadas de fragmentación. Quizá no sean los niños de una familia adinerada y no llamen demasiado la atención. O porque no sea una noticia que venda mucho. El caso es que el clamor por el retorno del ejército a los cuarteles cada día es mayor, y no precisamente porque el crimen organizado vea una cierta ventaja en ello, como algunos quisieran verlo. Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a decir: un soldado no es un policía.

Aunque pasen muchos años para que se haga justicia, en el caso de los niños Almanza, de Tamaulipas, México tendrá que rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, violadas por militares del 41 batallón de infantería durante el primer trimestre de 2002. Las audiencias se llevarán a cabo el 15 de abril, y 27 y 28 de mayo. Han pasado 8 largos años. El Centro Prodh tomó inicialmente el caso y, posteriormente le dio continuidad el Centro Tlachinollan, de común acuerdo con Inés y Valentina. Tanto dicho Centro como la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y Amnistía Internacional (AI) México aseguraron que existen elementos suficientes para que el tribunal internacional responsabilice a las autoridades mexicanas de falta de acceso a la justicia para ambas mujeres.
Y como en el caso de Luisa Reyes, defensora de los DH en Chihuahua quien permanentemente denunciara los abusos de los militares, presuntamente asesinada por ellos, varias ONG denuncian el acoso permanente de los militares, hostigamientos y amenazas, al grado de que la CIDH ha dictado medidas cautelares para más de 107 de ellos y ellas, sólo en el estado de Guerrero, pero el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad este dictamen del tribunal interamericano.

Si, por un lado, los militares amenazan y aun asesinan a defensores y defensoras de los derechos humanos, por el otro, en la Cámara de Senadores se discutirá mañana jueves el dictamen sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos que explícitamente prohíbe la pena de muerte, la desaparición forzada y la tortura. Estas propuestas fueron formuladas también por ONG quienes expresamente señalaron la necesidad de hacer explícita la prohibición de la práctica de la tortura, además de que el Comité de DH de la ONU pidió al Estado mexicano pruebas de que en México no se usa la tortura como método de investigación policiaca, ya que tiene quejas de que sigue siendo práctica recurrente.

Aquí en Jalisco hay buenas noticias, pues los trabajadores del gobierno del estado y de varios municipios ganaron el amparo interpuesto contra la reforma a la Ley de Pensiones de Jalisco que aprobaba un aumento de las cuotas y la posibilidad de que el presidente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pudiera disponer de los fondos para el retiro, en inversiones como el proyecto turístico en la Costa Alegre. De esta manera, el tan cacareado proyecto del “nuevo Cancún” queda en suspenso, además de que sigue en firme la exigencia de que se informe al respecto. Los fondos para el retiro, son para eso, para el retiro y el derecho a una pensión digna es también otro derecho humano fundamental.

El panorama general de los derechos humanos, en México y en Jalisco, pasa así como en una larga travesía del dolor a la esperanza, de la tragedia de los niños Almanza al júbilo de los trabajadores que obtuvieron un amparo que protege sus fondos para el retiro.