29 de junio de 2010
Esclavitud en Jalisco 2010 || Esteban Garaiz
Los testimonios que citaré a continuación deberán permanecer, por supuesto, en el anonimato. Anonimato que sólo rompería en el muy remoto caso de que alguna autoridad competente mostrara de verdad interés real por la aplicación cabal del artículo 123, una de las cuatro grandes columnas de nuestra Carta rectora, que es al mismo tiempo nuestro gran proyecto de Nación, pero que día con día se viola precisamente desde el Ejecutivo federal: el responsable de guardar y hacer guardar este proyecto de Nación. Me temo, como todos los mexicanos, que la denuncia resultaría contraproducente y, en vez de justicia, derivaría en represalia. Por eso en México no puede progresar la cultura de la denuncia.
Si alguien titubeara de lo aquí dicho, bastaría con recordar dos casos recientes y pendientes: el Sindicato Mexicano de Electricistas y la represión violenta en Cananea (“con saldo blanco”, dice Gómez Mont después de enviar más de mil “efectivos” armados hasta los dientes). En ambos casos les ha resultado inocultable la descarada defensa de los grandes intereses rapaces de bienes nacionales, que no pueden llamarse empresariales.
Son dos de los 30 oligarcas mencionados puntualmente en el libro presentado el pasado miércoles 23 en Guadalajara: Germán Larrea y su grupo minero, y Francisco Gil Díaz, el hombre que como funcionario adquirió la llamada fibra oscura (que necesitaba el territorio de Luz y Fuerza del Centro y, para ello, destruir el SME) y ahora resulta adjudicado por el Ejecutivo federal (del “otro” partido, pero la misma macolla) con la misma “fibra oscura” casualmente para la empresa que dirige: Telefónica.
Por lo que toca al libro presentado el miércoles, hoy a la venta en las principales librerías, podrán, como acostumbran, seguir desacreditando a su autor acusándolo hasta de ser incendiario de pozos petroleros, pero no podrán desmentir ni un solo renglón del texto, donde puntualmente, dato por dato, viene de notas oficiales y donde se documenta el saqueo del patrimonio nacional que seguimos sufriendo en los últimos 28 años.
Suena amarillista, pero es real. En Jalisco se practica la esclavitud, con la clara complicidad de autoridades. En una factoría electrónica que pertenece a una empresa, que pertenece a otra empresa, que no paga impuestos en México, ni respeta las leyes laborales del país (que ahora quieren “flexibilizar”), y que casualmente se encuentra situada cerca de uno de los fraccionamientos más exclusivos (exclusivos porque excluyen, en esos guetos que llaman cotos), ahí se ejerce la esclavitud en el mundo de la libre empresa.
Dice mi informador tapatío, profesional, joven, universitario, que, al acercarse su jefe de línea, “temía mi compañera, ya que en la semana la había forzado a quedarse doble turno (16 horas) durante varios días en contra de su voluntad, y ella ya no quería quedarse, ya que es madre soltera y a su niño le hacían el favor de llevarlo al kínder, pero ella lo tenía que recoger”.
El citado jefe de línea “quería coberturas dobles por parte de nosotros; esto ya lo habíamos hecho en semanas anteriores y entre semana a mí se me complicaba mucho por la escuela”.
Y para que se vea que en Jalisco se cumple puntualmente con el artículo 123, que desde 1917, hace 93 años, establece condiciones especiales de trabajo para las mujeres, continúa el testimonio: “Mi compañera ese día como otros, me comentó qué sentía en las piernas; ella padece un problema de circulación y no se sentía muy bien: para aguantar la jornada de ese día, de 16 horas, le iba a pedir a nuestro jefe que la dejara salir…para que le vendaran las piernas y pudiera aguantar la jornada…para no sentir tanto dolor y así continuar con el trabajo”.
El propio joven universitario, profesional de la informática, fue víctima de una trampa: se le encomendó guardar una grabación de un defecto de línea y, al pasar el arco de salida, fue detenido durante varias horas por el personal de seguridad privada, pasándose las garantías constitucionales, y obligado a firmar su renuncia, para no ser incluido en el “buró laboral,” otra joya constitucional, que las autoridades no quieren ver. Supongo que el tal buró laboral será alguno de los “avances” de la nueva iniciativa de “reforma estructural” en materia laboral, porque para los depredadores, que no empresarios, el artículo 123 es una antigualla, que hay que arrinconar.
Para rematar, una patrulla de la policía municipal lo estaba esperando para llevárselo. Dice sabiamente que se encomendó a Dios. No a las garantías ciudadanas.
egaraiz@gmail.com
http://impreso.milenio.com/node/8791791
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