4 de agosto de 2010

Analfabetas y pobres, las 166 perseguidas por abortar

Además de las seis mujeres encarceladas por abortar y acusadas del delito de “homicidio por razones de parentesco”, hay otras 160 que están a punto ir a prisión y que también habitan en zonas de extrema pobreza en Guanajuato, con escaso acceso a educación básica y a servicios de salud, con falta de educación sexual y comunicación entre sus padres, y los hombres que las embarazaron las abandonaron a su suerte.

MILENIO Diario tuvo acceso a los expedientes de cada una de ellas, mismos que ya obran en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A juzgar por esos expedientes, se desprende que se trata de mujeres que no saben leer ni escribir y que trabajaban en el campo arreando animales antes de ser encarceladas por las autoridades del gobierno guanajuatense. Por cuestiones de seguridad y de privacidad en cada uno de los casos, sólo se refiere un apellido de las seis mujeres que hoy día purgan penas en prisión de hasta 35 años.

Caso Frías

“Tiene 39 años de edad: sentenciada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco; se interpuso un recurso de apelación y la sentencia fue modificada a 25 años de cárcel. Actualmente lleva cinco años de prisión; pertenece a una comunidad del noreste del estado y proviene de una familia que vive en extrema pobreza; no fue a la escuela y no sabe leer y ni escribir; desde niña trabajaba en el campo arreando animales para poder comer; se trata de una mujer temerosa, ingenua y tímida que siempre camina cohibida.

Ella jamás acudió a recibir atención. Es madre de tres hijos producto del delito reiterado de violación a la que estuvo sometida por largos periodos de su vida, cometido por un vecino que todas las madrugadas entraba a su habitación para abusar sexualmente de ella, siempre bajo amenazas hasta que un día comenzó a sentir dolores en el abdomen y a tener sangrado abundante; fue denunciada por una partera”.

En tanto, “Moreno tiene 23 años de edad: también fue víctima del delito de violación. Invadida por el miedo, mantuvo en secreto su embarazo pero éste se complicó y el producto murió con el cordón umbilical enredado en su cuello. Por ello fue sentenciada a 27 años seis meses de cárcel. Al igual que Frías y el resto de las mujeres que por ese motivo están en la cárcel, no sabe leer ni escribir y al enterarse de que estaba embarazada como consecuencia de una violación, guardó silencio en su casa hasta que sobrevino el aborto por accidente”.

Ambos casos, como los otros cuatro, serán investigados por un visitador de la ONU y próximamente serán remitidos a la Corte Internacional para determinar el proceso jurídico a través del cual puedan alcanzar su libertad.

Presentarán queja

El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y su procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, podrán “decir misa” sobre el tema de las mujeres encarceladas por abortar, pero éste “no es ni por mucho un caso cerrado”.

En el transcurso de esta semana el PRD propondrá un punto de acuerdo para que, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhorte al Congreso Local guanajuatense a dar marcha atrás al artículo 156 del Código Penal, en el cual “se ha maquillado la penalización del aborto, bajo el pretexto de homicidio en razón de parentesco” y que tiene tras las rejas al menos a media docena de mujeres y en la antesala de la prisión a 160 más.

 

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