23 de noviembre de 2009

Mentiras en el diagóstico de LFC



El Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro que el gobierno de Calderón reservó durante 12 años, para que el pueblo de México no lo conozca, conforme al artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es un compendio de mentiras en contra del Sindicato Mexicano de Electrcistas (SME), el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), los trabajadores y los jubilados electricistas. En sus 68 páginas no se encuentra ningún elemento cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Revisemos su contenido.

La introducción es una desabrida y breve historia de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero en el apartado Situación financiera el gobierno suelta la sopa al afirmar que la situación financiera de LFC se ha ido deteriorando durante los últimos años. Por una parte, el alto costo de las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo que rige la relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por otra, el deficiente desempeño operativo del organismo, han ocasionado que la entidad opere con números rojos.

Para Calderón la cláusula 10 del CCT es un obstáculo, pues ocasiona que LFC ejecute directamente las obras que otras paraestatales contratan con terceros. El área que lleva a cabo estas actividades está conformada por 9 mil 44 trabajadores que representan 20 por ciento de la plantilla. Por si fuera poco, se queja de que la cláusula de referencia señala que la fabricación de equipos y materiales para ampliación, operación, reparación y modernización de plantas generadoras y subestaciones serán realizadas por trabajadores del SME, el organismo descentralizado cuenta con un área denominada Fábricas y talleres que se integra por 4 mil 588 trabajadores (10 por ciento de la plantilla). Esto ocasiona que los costos del organismo para la prestación del servicio sean considerablemente más elevados que los del resto del sector eléctrico.

En pocas palabras, conforme al diagnóstico de Calderón, estos trabajos los pueden realizar contratistas, que en Comisión Federal de Electgrcidad (CFE), Pemex, etcétera, son fuente de corrupción y saqueo de la riqueza pública. Para nada menciona que las citadas fábricas y talleres de LFC gozan de reconocimiento internacional, por su calidad y desarrollo tecnológico. Su falso diagnóstico concluye: esto, aunado a que miles de empleados se dedican a fabricación de postes, herrajes y tableros, por ejemplo, a tareas no fundamentales para distribuir y comercializar la energía, nos lleva a afirmar que si LFC siguiera los estándares de CFE sería posible que prestara el servicio publico en su área de influencia con 8 mil 900 trabajadores, lo que implica una reducción de 80 por ciento de su plantilla laboral actual. No sobra decir que esta visión es privatizadora y contraria al espíritu del párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Y todavía se atreve a afirmar que LFC no se privatiza.

Adicionalmente, se lamenta de que las cláusulas 10 y 17, que establecen que todo empleo en LFC debe corresponder a una tarea o función productiva, impide la multifuncionalidad de los trabajadores. Los trabajadores multiusos. Sueño anhelado de la oligarquía mexicana y su pretendida contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), a la cual Calderón se adelanta con su decreto de extinción. En su mira y la de la oligarquía están muchas cláusulas del CCT, particularmente la 64, que para Calderón establece condiciones muy favorables para la jubilación. Al gobierno le escandalizan las prestaciones de los trabajadores electricistas, por ejemplo, que tengan más días de vacaciones que los mínimos de la Ley Federal del Trabajo o que las mujeres gocen de permisos de una hora para amamantar a sus hijos durante el periodo de lactancia. Pero cínicamente omite reconocer que estas prestaciones tienen años de haberse plasmado en el CCT, por acuerdo entre las partes.

Pese a su visión conservadora y de ultraderecha, contraria a la Constitución y a la LFT, en cuanto a los derechos laborales el diagnóstico de Calderón no puede evitar reconocer, así sea disimuladamente, que en el año 2008 la nómina (salarios y prestaciones) representó 15 por ciento de los costos del organismo (excluyendo la energía comprada a CFE y los costos de combustibles) y tan sólo un 6 por ciento sí los incluye. ¿Dónde están los privilegios?

Por éstas y otras razones, Calderón escogió dar el golpe fascista en contra del SME. Si hubiera seguido el procedimiento que establece la LFT, en tanto conflicto de orden económico, sus mentiras se habrían hecho públicas y aun en el eventual caso de que la iniciativa de extinción hubiese sido aprobada en la Cámara de Diputados, de inmediato hubiera operado la figura de patrón sustituto, pues la materia de trabajo, la prestación del servicio público de energía eléctrica, sigue existiendo. Por estas razones las demandas constitucional y jurídica laboral las va a ganar el SME.

 

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