22 de enero de 2010

Hay que darle poder real al ciudadano: Jaime Cárdenas

El Congreso tiene la responsabilidad de evitar que la reforma política que plantea el Ejecutivo sea una simulación más de la clase política, por lo que debe aprobar cambios institucionales más completos y con mayor poder real al ciudadano, afirma el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Señala que el proyecto de la reforma política que inició Calderón no fortalece al Congreso, y en contraparte, tiende a dar más poder al Ejecutivo, es ajeno a un rediseño del sistema de gobierno y el paquete de iniciativas es muy limitado.

Jaime Cárdenas Gracia, constitucionalista que ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ex consejero del IFE, en la bancada del Partido del Trabajo es uno de los legisladores que a la vez pertenecen al movimiento social de Andrés Manuel López Obrador.

“Al ciudadano hay que darle poder, pero en serio”, comenta Cárdenas Gracia, entrevistado en su oficina del Palacio Legislativo de San Lázaro.

¿Se puede fortalecer el Congreso con esta reforma?

La forma de eficientar al Congreso no está en reducir el número de legisladores ni el costo del Congreso. Para fortalecer a las cámaras legislativas hay que darle fuerza a las comisiones, aumentar las obligaciones de sus integrantes, diputados o senadores.

Si la iniciativa se queda corta, ¿el PT en que haría aportes?

La reelección podríamos valorarla, con la eliminación del financiamiento privado y revocación de mandato. Y nos preocupa mucho la segunda vuelta, pues el poder de la televisión, las dos grandes televisoras, sobre todo Televisa, va a definir el resultado. Hay que romper el duopolio.

La propuesta de democracia directa no gusta al PT.

Queremos todos los mecanismos de participación ciudadana, no sólo el plebiscito y la iniciativa ciudadana; debe ir la revocación de mandato, el gasto participativo, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad. O sea, hay que darle al ciudadano poder, pero en serio.

Si la iniciativa es limitada, ¿qué intención tiene el Ejecutivo?

Legitimarse. Va de fracaso en fracaso de sus programas de gobierno, en empleo y en seguridad, por ejemplo. La propuesta es un guiño a sectores políticos para encontrar formas de legitimación; busca simpatía social con cuidado de no enfrentar a los monopolios.

¿De fracasar la reforma política, el Ejecutivo culparía al Congreso?

Eso va a hacer. Si tanto le interesó a Felipe Calderón la reforma política, por qué no la propuso al principio del sexenio y la envía al final. Por eso la oposición debe impulsar metas ambiciosas. Si el PRI quisiera, con la izquierda podríamos sacar importantes reformas sobre el Estado laico, normas anticorrupción, en materia de radio y televisión, en telecomunicaciones, en democracia participativa y derechos humanos. Podríamos rebasarlo por la izquierda.

¿Cómo formar un frente que enriquezca el debate?

La izquierda primero debe aclarar qué asuntos le interesan más. Podemos elaborar nuestro decálogo propio, seguros de que tendríamos respuesta muy favorable entre los priístas. Incluir reformas en serio al Congreso y al Poder Judicial; votar la autonomía municipal, impulsar los derechos económicos y culturales. Sin embargo, nos preocupa que áreas del PRI, el partido que tiene la mayoría de los votos, estén aprisionadas por los poderes fácticos.

¿Pueden los legisladores reformar al Congreso?

El papel de esta Legislatura es sacar la reforma del Congreso, que lo modernice, fortalezca las comisiones y a través de ello den fuerza a las cámaras. Habrá que ver la desvinculación de los centros de estudios con las comisiones en San Lázaro y revisar los excesos en diversos sentidos.

¿Urge la reforma del Congreso de la Unión, como la fábrica de las reformas de las instituciones rezagadas?

La gente piensa que el subdesarrollo está en la economía, educación, cultura, pero también hay subdesarrollo de las instituciones y las leyes. Si fuésemos un país desarrollado en sus instituciones y jurídicamente, eso tendría impactos muy positivos en lo social, económico, cultural y educativo. Reconozcamos que buena parte del subdesarrollo es institucional y es responsabilidad de la clase política.

Y en la calle la ley no se aplica.

El incumplimiento de la ley es por cultura y que no existen instituciones adecuadas para hacerlas cumplir, y por eso tenemos altos niveles de impunidad, en todos los órdenes. Las contralorías son dependientes del Ejecutivo. La Auditoría Superior de la Federación no es autónoma de la Cámara de Diputados, ni el Ministerio Público es autónomo, los jueces no son independientes. Eso explica el incumplimiento. Necesitamos normas desarrolladas y que se cumplan.

¿La oportunidad está en el debate?

La oportunidad de debate la abrió Calderón, pero hay que ir 10 veces más allá del alcance que propone. Hay múltiples iniciativas que aún no se dictaminan en la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Cámara de Diputados no ha sido capaz de procesar. Necesitamos diseñar un país de primera, no de simulación.

 

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