5 de enero de 2010

Regresivas las nuevas leyes antiaborto en México, dice la AMC

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) se mostró hoy preocupada por "el inaceptable fenómeno regresivo" ocurrido en 18 de los 32 estados de México que adoptaron reformas que penalizan el aborto con el apoyo expreso de líderes religiosos y la participación instrumental de varios partidos políticos.

"El efecto inmediato de dichas reformas consiste en penalizar el aborto, convirtiendo contra toda lógica en delincuentes a las mujeres que toman tal decisión por razones respetables y, en último caso, en uso de su legítimo derecho a decidir sobre cuestiones que atañen a su propio cuerpo y a su dignidad personal", señaló la AMC en un comunicado.

Los científicos, encabezados por la presidenta de la academia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, denunciaron en el mensaje que México ha estado rezagándose en términos de "desarrollo económico, social, político y humano" en los últimos años respecto a otros países.

Sostuvieron que en materia de aborto las "reformas de las constituciones políticas locales" en 18 estados realizadas en los últimos meses, que protegen la vida desde la concepción, generan un riesgo de "confrontación" en el país.

La capital mexicana es el único lugar de México en el que el aborto es legal desde 2007.

En términos jurídicos, la AMC advirtió de que hay un violación de los principios del Estado laico y una amenaza contra la racionalidad del sistema jurídico nacional" toda vez que los estados tratan de restringir el aborto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite fallos en sentido contrario.

Además, el organismo detecta "una incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo de lo que es un ser humano", con la definición conservadora que animó las reformas legales avaladas en los estados, principalmente por legisladores del PANl y el PRI.

En términos prácticos, la Academia percibe que hay "una maniobra insidiosa con potencial para penalizar de modo tajante y obtuso a las mujeres de México y a los médicos involucrados" en la práctica de abortos.

Por todo ello, los científicos hacen un llamado "a los órganos políticos y jurídicos competentes y a la ciudadanía" a oponerse a las reformas aprobadas en los estados.

Dichas modificaciones legales han prosperado a pesar de que en julio de 2008 fue aprobada una norma oficial que obliga a los hospitales a dar anticoncepción de emergencia a mujeres violadas y a garantizar el aborto si lo piden.

México fue escenario en 1999 de una encendida polémica en relación con el aborto de la menor Paulina Ramírez, quien entonces tenía 13 años.

La joven fue violada en la ciudad de Mexicali, pero el aborto no se consumó finalmente porque funcionarios del sector Salud del estado de Baja California lograron disuadirla.

El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta que éste sea mayor de edad.

 

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