8 de enero de 2010

Revocación vs. improvisados

De los 125 alcaldes que iniciaron su gestión la semana pasada, sólo el de Tlajomulco, el perredista Enrique Alfaro se dijo dispuesto a someter su actuación a la evaluación ciudadana a la mitad de su mandato. Esto es, que si dentro de año y medio sus gobernados reprobaban su gestión él se iba a su casa.

En 1995, en la euforia panista por haber sacado al PRI por primera vez de Casa Jalisco, el entonces gobernador Alberto Cárdenas prometió hacer lo mismo a sus dos años de gobierno, cosa que no cumplió. Veremos qué pasa con el primer presidente municipal de izquierda en la zona metropolitana.

Alfaro también prometió que apoyaría la instauración de la revocación de mandato, figura que ya se intentó integrar a las leyes locales pero que la mayoría panista en la anterior Legislatura rechazó. A nivel federal tampoco existe y no está incluida en la propuesta de reforma política que envió Felipe Calderón a la Cámara en días recientes.

A nivel local, de prosperar en el nuevo Congreso que empieza el 1 de febrero, todos los alcaldes y el gobernador podrían ser susceptibles de ser evaluados y sustituidos si no cumplen con las promesas hechas en campaña.

Sin duda, esa sería una gran palanca ciudadana para obligar a los alcaldes y futuros gobernadores a llegar con una idea clara de gobierno y cortar el mandato a aquellos que llegan a improvisar, a abusar del erario o simplemente a ‘nadar de muertito’ y a buscar reflectores para su próxima candidatura.

Los altos costos sociales, ambientales, urbanos y económicos que como comunidad hemos pagado por gobiernos deficientes obligan a que la incorporación de esta figura sea una prioridad en la agenda ciudadana. Un objetivo compartido que podría incluso impulsar una mejor forma de articular los esfuerzos aislados que despliegan distintas agrupaciones sociales en Jalisco, que operan en distintos espacios y en apoyo de distintas causas. La revocación de mandato sin duda sería un elemento aglutinador de ciudadanía.

El seguimiento a las acciones de las nuevas administraciones municipales que arrancan, la exigencia de que definan sus prioridades y el próximo inicio del nuevo Congreso local abren una gran oportunidad para ampliar la participación ciudadana. Para adquirir como gobernados más controles para demandar a quien accede al poder que haga realidad lo prometido y las ilusiones creadas en la gente. O para poder echar a aquellos gobernantes que los mueve sólo el glamour del poder y la voracidad por el dinero, que redunda en ineficacia y corrupción, antes de que en tres o seis años dejen, como ahora, en los huesos a las comunidades por las que prometieron y dicen trabajar.
jaime.barrera@milenio.com

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