23 de marzo de 2010

Urge modificar el Cofipe, considera Pablo Gómez

Para evitar que las elecciones presidenciales de 2012 "generen una crisis política más grave que la del 2006" y "cerrar los huecos y lagunas" que dejó la reforma electoral del 2007, es urgente modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para cancelar la "propaganda encubierta", dijo el senador Pablo Gómez, consejero del Poder Legislativo ante el IFE.

Se debe modificar "con el fin de establecer sanciones para funcionarios de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y de cualquier ente público que contraten 'propaganda encubierta' como los llamados 'infomerciales', sean o no tiempos electorales", indicó el senador.

El legislador consideró importante "cerrar los huecos y rellenar las lagunas que dejó la pasada reforma electoral del 2007, pues de lo contrario, las elecciones presidenciales del 2012 podrían generar una crisis política igual o incluso más grave que la del 2006".

Indicó que el fin de su iniciativa es decirle al IFE, "con bolitas y palitos", que los servidores públicos también pueden ser sancionados pecuniariamente si violan el Cofipe, "que para eso no hay fuero, porque no se trata de una acción penal, es un asunto administrativo, es como si se pasara un alto".

El perredista propuso establecer la modificación de un conjunto de artículos del Cofipe, para promover las condiciones de equidad, evitar la contratación de propaganda electoral y limitar la intervención del poder público durante la contienda electoral y fuera de ésta.

Comentó que si bien el artículo 347 de ese ordenamiento enumera las violaciones de parte de los servidores públicos, no se incluye un apartado que señale las penas por estas violaciones, "por lo tanto, es necesario incluir un catálogo de sanciones tal y como existe para otros infractores".

Es preciso, dijo, "sancionar no sólo a los servidores públicos por estos actos, sino también a los particulares y a los medios de comunicación que se presten a ello y que de manera indebida realicen una 'promoción personalizada' de los servidores públicos con fines políticos o electorales".

Explicó que a pesar del esfuerzo de los legisladores por aprobar en 2007 una reforma electoral que garantizara la equidad y transparencia en los comicios del país, en los últimos años los poderes fácticos, los medios de comunicación y los servidores públicos "han podido burlar la ley".

 

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