21 de abril de 2010

Legalizar lo ilegal | Dr David Velasco

Maestro David Velasco académico del ITESO
en su participación semanal 
En el programa Forma y Fondo, de RadioMetropoli
Con los periodistas

Audio:


Radio Metrópoli. 21/04/2010.
Legalizar lo ilegal

En varias ocasiones hemos mencionado que en México vivimos situaciones paradójicas, increíbles, bizarras dirían otros. Un ejemplo que se discute en estos días es, precisamente, la Ley de Seguridad Nacional, un viejo reclamo de los mismos militares, en voz del Secretario de la Defensa, quien ha demandado un marco legal en el que se pueda mover el ejército. Su demanda, por decir lo menos, es que si la ley prohíbe al ejército cumplir labores de policía, pues que se cambie la ley. No precisamente que se cumpla la ley vigente.

Como este caso de los militares, podríamos señalar otras situaciones en las que se pretende legalizar lo ilegal, como la del refrendo automático de las concesiones de radio y televisión que la SCJN ya sentenció que van contra la constitución y, a pesar de todo, los diputados y senadores al servicio de las grandes televisoras siguen proponiendo legalizar lo ilegal.

Pero en ese sentido, es más preocupante la pretensión del gobierno federal, porque quien juró cumplir y hacer cumplir la constitución, ahora propone violentarla, una vez más. Lo interesante es que el debate va encontrando un cauce justo en el que, por ejemplo, y por paradójico que parezca, los senadores del PRI apoyan la desaparición del fuero militar. Que no es que se le desaparezca, sino que simple y sencillamente se reglamente y acote la interpretación y la existencia misma del Código de Justicia Militar y que los delitos cometidos por militares sean juzgados por tribunales civiles. El fuero militar ha sido señalado por organismos internacionales, en particular por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como algo que está en contra de la legalidad y del derecho internacional al que México se ha comprometido a cumplir. Entonces, no habría mucho que discutir, si no fuera porque hay legisladores que obedecen consignas políticas del gobierno federal, en particular, del ejército.

El problema no se reduce al fuero militar. Es uno de sus elementos fundamentales. Pero no el único. El problema que se debate es la utilización del ejército, formado y preparado para defender al país de una agresión externa, para cumplir funciones policiales, prevenir o investigar los delitos, detener a los presuntos responsables y presentarlos al ministerio público. La mezcla de funciones ha dado lugar a más de 22 mil ejecuciones en una supuesta guerra contra el narcotráfico que ya no acabamos de saber quién contra quién, pues lo mismo encontramos hechos de enfrentamientos de policías federales contra elementos del ejército, o de policías federales contra policías municipales. Incluso la intervención de los marinos fuera de toda coordinación con el ejército o la policía federal mostró los altos grados de corrupción y de infiltración del narco en altas esferas de todos los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno e incluso del ejército. Este es el nudo del problema que ahora se pretende modificar incluso la constitución para que el ejército federal realice labores de policía, para las que no está preparado.

La constitución manda que el ejército, en tiempos de paz, esté en sus cuarteles, donde puede realizar diversas labores como entrenamiento y capacitación para labores de emergencia. Hasta antes de la guerra contra el narcotráfico, el ejército federal tenía una suficiente buena imagen ante el conjunto de la población, sin negar los abusos cometidos contra poblaciones indígenas. La confianza de la gente en el ejército ha caído, en especial en ciudades y regiones en donde se han cometido el mayor número de ejecuciones, como los estados de Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, por decir sólo tres de los estados con el más alto grado de violencia. Aunque se diga lo contrario, el repliegue del ejército en Ciudad Juárez responde al reclamo ciudadano que en la propia cara de Calderón le exigió la salida del ejército. Más de mil casos concretos de violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército sólo en Cd. Juárez, merece especial atención al proceso de reforma legal que ocurre en el senado.