21 de abril de 2010

¿Qué camino nos están dejando? || Esteban Garaiz


La pregunta lanzada por Claudia Gómez Godoy este sábado pasado, a nombre de la comunidad originaria de Temacapulín, ante 26 integrantes de la Representación Nacional, electos por el pueblo mexicano a pesar de un proceso electoral por demás inequitativo, alcanzó minutos después su verdadera envergadura nacional ante la presencia ominosa, para no decir hostil, de 30 elementos de la policía del estado, en siete patrullas, con armas largas, según reporte de Monserrat Mauleón, que llegaron ruidosos alarmando a los más de 200 ciudadanos (hasta de San Miguel el Alto) reunidos pacíficamente en ejercicio de sus derechos constitucionales.

La pregunta de Claudia, con la voz casi quebrada por la emoción, trascendió con mucho el legítimo reclamo de una comunidad soberana. ¿Qué camino nos están dejando si hasta el derecho constitucional a la garantía de reunión y manifestación pacífica se ve amenazado torpemente por una fuerza pública armada como para combatir al crimen organizado?

Así tendrían su conciencia estos defensores de la soberanía del pueblo que creyeron necesario tapar con adhesivo sus placas personales y las matrículas de sus vehículos (con lo cual jurídicamente iban usurpando funciones públicas, o sea, delinquiendo), en una pacífica comunidad cuyo vocero acababa de decir momentos antes que “no ha habido un muerto (por homicidio) en cincuenta años”; y que la policía ni llega ni hace falta. Casualmente ese día y hora tuvieron un “operativo”… hasta que lo convincente del diputado Porfirio Muñoz Ledo los orilló a retirarse; parcialmente. Poco antes había recordado el derecho de los pueblos originales según todos los tratados internacionales.

Incidente menor, se dirá; pero también tuvo su dimensión nacional, porque quienes estaban ahí pacíficamente reunidos representaban, de manera oficiosa, por decirlo de un modo discreto, la aspiración de un proyecto alternativo de nación.

Proyecto que, como hemos dicho, ni siquiera debería llamarse alternativo porque se enraíza en el texto rector de 1917, todavía vigente hoy. Pero que es la única alternativa política para el repudio que siente la mayoría de los ciudadanos de este país (si no, consulten, con referéndum o sin él) hacia la desastrosa política económica y social, además de entreguista, y las sistemáticas violaciones a la ley que los titulares del poder ejecutivo llevan desde hace 28 años.

Nostálgicos del pasado, queremos volver a la crisis de 1976: la provocada por Milton Friedman en todo el mundo “occidental”, con la paridad del dólar frente al oro, desdiciéndose de lo convenido en Bretton Woods en 1944. El mismo año 1976 cuando la masa salarial como proporción del producto nacional recibida por las familias trabajadoras, fue la más alta de la historia nacional; cuando el salario mínimo era remunerador, como dice la Constitución, y no la burla de ahora.

Todo trabajador tiene derecho a pedir el día a cuenta de sus vacaciones. Por eso, sin más credenciales que las de hacerse eco del legítimo reclamo a sobrevivir como pueblo originario, el que cuenta con el privilegio de este espacio de expresión, quiso estar presente.

No era meramente emotivo. Toda emoción se justifica en la razón. Técnicos hidráulicos de alto nivel, que consecuentes con su convicción técnica, también acudieron al acto cívico, lo han dejado absolutamente claro: no se justifica una cortina de 105 metros, que inunde el pueblo. Sin embargo, las obras de desmonte continúan desafiando el Estado de Derecho y desacatando la suspensión de amparo y la recomendación de Derechos Humanos (cosa que se repite con frecuencia; y no hay desafueros).

Dice textual IMDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, fundado por el siempre recordado Carlos Núñez: “La inversión privada en esta presa sería del 30 por ciento por parte de la empresa que gane la licitación y su forma de recuperación sería a través de la concesión del 100 por ciento de las ganancias para el uso, manejo y distribución del agua por 25 años, privatizando de esta manera este bien común, que es a su vez un derecho”.

Así que no se trata de egoísmo regional ni de falta de solidaridad con los habitantes de León (mayoritariamente de origen alteño). No son necios los promotores; son avorazados y quieren privatizar lo que es de la nación toda: apropiarse de un bien público y venderlo a los dueños. Como dijo Alejandro Encinas, ofrecer a los leoneses tres metros cúbicos por segundo es otra más de sus mentiras: tanta cantidad tiene otra intención.
 
egaraiz@gmail.com

 

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