23 de abril de 2010

Ley de Medios, las Huellas Sospechosas | Jenaro Villamil

El enésimo y más reciente intento para impulsar una nueva ley en materia de medios electrónicos y de telecomunicaciones se presentó en los últimos días bajo el sello de dos “huellas digitales”: por un lado, la iniciativa parcial de reforma presentada el 8 de abril por el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía vino acompañada con el logotipo de la empresa Televisa, pero también la presentada por el diputado panista Javier Corral y por el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, el mismo día, tenía la “huella digital” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, principal artífice de esta reforma.

Ambas “huellas” no sólo señalan los intereses que están en juego sino los alcances y límites de ambas. Los múltiples cabildeos realizados desde Los Pinos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación para impulsar la iniciativa presentada por el PAN sólo son comparables con las presiones que también han ejercido los principales asesores y especialistas jurídicos de Televisa, de TV Azteca y de las empresas radiodifusoras más fuertes para que se apruebe una reforma mínima, conocida también como “reforma parcial”.

Para el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien presentó otra iniciativa de reformas constitucionales a los artículos 6, 7, 27 y 73 es claro que “sin una modificación a la Constitución” se está evitando un debate de fondo.

Crítico de ambas iniciativas, pero en especial de la presentada por Javier Corral y Gustavo Madero, Muñoz Ledo advierte que “se trata de una nueva Ley Televisa, pero pinuda, porque fue elaborada desde Los Pinos”. Y argumenta: “lo que hace el servicio a Televisa es una ley que no tenga fundamento constitucional”.

Las diferencias más debatidas, por ahora, se concentran en dos temas: el de los “refrendos administrativos” para garantizar la renovación de una concesión sin necesidad de licitación, planteada en la iniciativa de Sotelo y apoyada por el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y la propuesta de un nuevo órgano regulador, sin autonomía jurídica y “desconcentrado” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se convertirá en el nuevo regulador de radio, televisión, telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. Esta nueva figura fue propuesta en la iniciativa de Javier Corral y de Gustavo Madero.

Las críticas al alcance de este nuevo órgano regulador han provenido del propio Sotelo, del PRI y de un sector del PAN en el Senado de la República. El más incisivo ha sido el senador priista Manlio Fabio Beltrones quien advirtió que su bancada sólo participará siempre y cuando “exista un órgano del Estado mexicano –y no del gobierno mexicano en turno- que sea el normativo, autónomo, independiente, sin injerencia del Ejecutivo”.

De manera más sutil, el senador panista Santiago Creel, quien presentó el 23 de marzo de 2009 otra iniciativa para darle mayor autonomía a la Cofetel, expresó que “nos interesa ver una autoridad con plena autonomía, una autoridad que permita ser la reguladora para que pueda cumplir debidamente su misión y sobre todo, poder superar la doble ventanilla”.

El 14 de abril se había programado un debate en el Canal del Congreso entre el diputado Javier Corral y el senador Carlos Sotelo, conducido por el periodista Javier Solórzano. Tras una larga reunión entre Corral y los senadores del PAN y un encuentro con el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, el debate se pospuso y ambos partidos acordaron retomar la idea de una “reforma integral” y no una “reforma parcial” a la ley de medios.

En la tarde del 15 de abril, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes sesionaron para iniciar el proceso de dictaminación, pero los legisladores del PRI no se presentaron. Horas antes, su coordinador Manlio Fabio Beltrones propuso que se abriera una ronda de consultas con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión.

Después de la sesión, Sotelo afirmó que primero hay que resolver el tema pendiente de los refrendos, en especial, para la industria de la radio. Se calcula que son casi 100 los refrendos pendientes. El senador Santiago Creel prepara una propuesta para elaborar un transitorio constitucional que resuelva este tema.



Los Pinos y Televisa, “Relación Perversa”

Entrevistado por Proceso, Porfirio Muñoz Ledo afirma que la sombra de una nueva Ley Televisa estará presente si no se reforma la Constitución para darle plenas facultades al Congreso de legislar en materia de radio, televisión y telecomunicaciones y para darle autonomía plena al órgano regulador.

“¿Qué pasó con la Ley Televisa? Todos los candidatos cedieron ante esta ley, pero tenían un plan qué hacer después. El plan que le vendieron a Calderón es apruébala y vemos luego cómo fortalecemos a la presidencia. La fórmula es que la Ley Televisa le pasó todas las canicas a las compañías y la Suprema Corte se las devolvió al gobierno porque hubo un acuerdo con Los Pinos”, explica Muñoz Ledo.

La actual iniciativa del PAN “es una segunda Ley Televisa que trata de equilibrar el poder de Los Pinos con las compañías televisivas y sabemos quién va a ganar a la postre porque están dejando fuera a la sociedad”.

“El cambio fundamental debe ser involucrar la ley de medios como un derecho ciudadano. El titular de las concesiones es la sociedad no el Estado. Ninguno de los objetivos se cumple si no hay una reforma constitucional. Sólo prolongaríamos la relación incestuosa entre el Ejecutivo y los concesionarios”, explica el actual diputado federal del PT.

-¿Y las diferencias existentes sobre los refrendos automáticos o ahora llamados administrativos?

-Ese es un falso debate. Todo ese falso debate se acaba con la definición constitucional. Todos los involucrados están eludiendo el debate de fondo. Antes de las elecciones hay que hacer un órgano constitucional autónomo, de representación ciudadana, en donde puedan estar técnicos, especialistas, organizaciones civiles. Esta es la reforma política fundamental del país.

Vehemente Muñoz Ledo explica que desde 1969 él ha participado en este debate con un objetivo fundamental: “quitarle al Ejecutivo la facultad omnímoda de dar concesiones porque ése es el origen de la relación perversa entre Televisa y Los Pinos”.
Los múltiples intentos por hacer una reforma constitucional han sido bloqueados, desde la ley original de radio y televisión, redactada en 1960. En 1977, cuando Muñoz Ledo era secretario de Educación propuso una reforma al artículo 3º. Constitucional para que desde ahí se rigieran los contenidos de radio y televisión. La propuesta fue frenada por la Secretaría de Gobernación entonces. En el seno de la comisión para la reforma del Estado, formada en esta legislatura, Muñoz Ledo recuerda que volvió a proponer reformas a los artículos 6º., 7º. Y el 73 constitucionales que tampoco avanzaron. Su iniciativa presentada en la Cámara de Diputados retoma estas propuestas.

“Antes, la televisión era un apéndice de Los Pinos y ahora Los Pinos son un anexo de Televisa. La relación perversa se estableció porque en este juego de mutuo chantaje quien ha perdido gradualmente fuerza ha sido el gobierno”, remata Muñoz Ledo y aclara que este mismo tema lo ha discutido varias veces con Javier Corral y con Santiago Creel. Este último, revela, ha estado de acuerdo con una reforma al artículo 73 constitucional para darle facultades al Congreso para legislar en materia de radio, televisión, telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico.

En su propuesta de reforma al artículo 27 constitucional, Muñoz Ledo plantea la adición de dos párrafos con el siguiente contenido:

“El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible; podrán acceder, en igualdad de condiciones, a su explotación, uso o aprovechamiento las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias, ninguna de ellas podrá concentrar más del 25 por ciento de las frecuencias.

“La administración y vigilancia de las concesiones y permisos de la radiodifusión, televisión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso de la Unión”.

 
Ronda de Iniciativas y Decretos

Desde que el 7 de junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales 6 artículos fundamentales de la Ley Televisa, el Senado se ha paralizado en la elaboración de una nueva ley de medios. El máximo tribunal decretó inconstitucionales los mecanismos del “refrendo automático” de las concesiones, así como la apropiación del espectro sobrante para dar servicios digitales y de telecomunicaciones, entre otros puntos.

Durante el 2007 y buena parte del 2008, en el Senado trabajó un grupo plural para elaborar una nueva ley de medios. A última hora, el PRI se salió del acuerdo y sólo el PRD y PAN mantuvieron el acuerdo de impulsar lo que denominaron una “reforma integral”.

Los trabajos se empantanaron ante la reforma energética, discutida durante todo el 2008, y por la airada reacción de las televisoras y principales grupos radiofónicos a la reforma electoral que prohibió la compra-venta de tiempo aire durante las campañas.

En abril del 2008, a nombre de un grupo de senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para otorgarles a los concesionarios de radio en AM una frecuencia “combo” en FM. La iniciativa parcial adicionaba un segundo párrafo al artículo 4º. de la Ley Federal de Radio y Televisión.

En respuesta a esa iniciativa, que generó nuevas críticas en el seno del PAN y del PRD, el Ejecutivo federal emitió un decreto el 15 de septiembre de 2008. Este decreto condicionó el otorgamiento de una frecuencia en FM al visto bueno de la Secretaría de Gobernación. En respuesta, el PRD y el PRI presentaron otra iniciativa parcial de reforma en octubre de 2008 que buscaba responder al reclamo de los concesionarios de radio.

Otro decreto de Calderón metió más ruido y diferencias en el seno de las bancadas. El 8 de enero de 2009 se publicó un nuevo reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le otorgaban al titular de la dependencia atribuciones para definir el futuro de las concesiones, así como de los refrendos y las tarifas en materia de telecomunicaciones. Este decreto se dio a conocer en el marco de la intensa batalla entre el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y el secretario Luis Téllez (ver Proceso, No. 1681).

La renuncia de Téllez a la SCT y la resolución de la Suprema Corte que echó abajo aspectos fundamentales de este decreto no resolvió el problema permanente de la disputa entre los órganos reguladores y la presunta “captura” de la Cofetel frente a los entes regulados.

En diciembre de 2009 Sotelo intentó acelerar el dictamen de una reforma parcial, apoyado sólo por la bancada del PRI en el Senado. El intento acabó bloqueado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión que la acusó de ser una “reforma chavista” por impulsar el reconocimiento de los medios comunitarios. El PAN y un sector del PRD se opusieron por considerar que la figura de los “refrendos administrativos” iba en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y el PRI se hizo a un lado ante la polémica generada.

Desde finales de marzo de 2010, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas y la subsecretaria Gabriela Hernández, comenzaron a perfilar una nueva iniciativa para crear un órgano regulador con similares alcances a lo establecido en el regalmetno presidencial de la SCT. El anteproyecto perfiló la creación de un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, como “órgano administrativo desconcentrado” de la secretaría.

Con esta nueva figura y otros avances sustanciales como el reconocimiento a los medios públicos, a los derechos de las audiencias, la regulación de contenidos y de los servicios de must carrier para hacer obligatoria la retransmisión de todas las señales de televisión concesionada o permisionada en las empresas de televisión restringida, el diputado panista Javier Corral presentó la iniciativa sin consulta previa con los senadores de su propio partido que habían venido trabajando sobre una reforma integral en el Senado. Fue el coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Madero quien la presentó el 8 de abril y no los legisladores que venían trabajando en las comisiones.

El mismo día, pero en la tarde, Sotelo aceleró la dictaminación en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la reforma parcial. Sólo contó con el apoyo de los legisladores del PRI. Los panistas se abstuvieron. En esa sesión estuvo presente, casi al final, el director de Análisis de Televisa, Javier Tejado Dondé. El periódico Reforma publicó al día siguiente que el documento del dictamen tenía la “huella digital” de la empresa Televisa.

En los próximos días el debate fundamental se centrará ya no sólo en los refrendos automáticos o en los “combos” para la transición de las estaciones de AM a FM. Los puntos más polémicos serán los que se abrieron con el sentencia de la Suprema Corte de Justicia: la independencia del órgano regulador, los derechos ciudadanos incorporados a la legislación de medios y la autorización para que hasta un 25 por ciento de capital extranjero participe en la radio y la televisión concesionadas.

En medio del debate también saldrá a relucir otro polémico decreto de Calderón. El 31 de marzo de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de un organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Este nuevo organismo, con recursos presupuestales y sin autonomía editorial, tendrá como funciones la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, así como “instalar y operar estaciones de radiodifusión”. Un grupo de senadores del PRI ya calificó como “bodrio” y “electorero” a este organismo. Mientras, el PAN y el PRD guardan silencio.