14 de mayo de 2010
El gobierno se ampara contra los ciudadanos : Esteban Garaiz
Donde entra la luz, salen las ratas. Así de elemental es el principio de transparencia. Los ciudadanos somos los soberanos y los dueños del dinero público; y de los recursos naturales del país. Pero Hacienda se va a resistir siempre, y por todos los medios, a que los ciudadanos tomen posesión de lo suyo.
La opacidad, el escamoteo de la transparencia, es el mecanismo de conservar el poder turbio y antidemocrático. Hacienda hará siempre todo lo posible por retrasar, ocultar, camuflar, disimular la información sobre el dinero nacional, a la representación nacional, para sí presentar el proyecto de Ley de Ingresos y Egresos de cada año lo más tarde y confuso que sea posible, y lograr que sea aprobado casi a ciegas.
Así podrá después manejar los dineros públicos a su antojo, provocar y generar subejercicios, abrir después fideicomisos fuera del ojo revisor de la Auditoría Superior de la Federación: hoyos negros de opacidad y corrupción.
En el caso de los hidrocarburos, nuestro principal patrimonio natural, Hacienda no quiere cobrarle impuestos a Pemex como a una empresa Pública o Privada, así sea más del 100 por ciento de sus utilidades brutas. No, quiere dominarla, decidir sus inversiones, sus exportaciones, sus importaciones, sus perforaciones y transformaciones. Pemex se gobierna desde Hacienda. Así le va. El verdadero problema de Pemex se llama Hacienda. Ahora, en el colmo del absurdo el SAT se ampara contra los ciudadanos que, con todo derecho, quieren saber. El amparo, desde su fundación, tiene (o tenía) una filosofía básica: amparar proteger, a los ciudadanos de los atropellos de los funcionarios públicos que abusan de sus atribuciones. No ocultar al gobierno de las miradas revisoras de los soberanos.
El Servicio de Administración Tributaria, SAT, recurre ahora absurdamente, contra toda lógica, al amparo de ley, para ocultar del escrutinio de ciudadanos que requieren legítimamente saber los nombres de aquellos contribuyentes a los que les cancelaron adeudos por un monto global de 73 mil 900 millones de pesos en 2007. Nada más.
Esgrime el SAT el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación: basado en la oligarquía filosófica del secreto bancario. Corrupción es siempre privatización de bienes públicos; y la corrupción se propicia en la opacidad; y se combate eficazmente con la transparencia y la rendición de cuentas.
Más absurdo aun es que se afirme que no es la institución pública la que se ampara, sino que son los funcionarios.
Como si no quedara completamente claro que pretenden ampararse de cumplir una función pública a la que están obligados por ley, en tanto que funcionarios a los que se les ha delegado un mandato ciudadano. Es inconcebible que quieran presentarse como ciudadanos agraviados por el poder.
Eso dice la lógica, más allá de lo que diga la ley. Si la ley dice lo contrario de la lógica, entonces hay que cambiar la ley.
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