20 de septiembre de 2010

Ya se integró grupo plural para dar seguimiento a exhorto sobre #Tenacatita #Jalisco

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión ya designó a quienes se integrarán al grupo plural que investigará los hechos relativos al desalojo de Tenacatita y la falta de acceso público a la playa del lugar, dijo esta tarde el diputado federal por el Partido de Trabajo (PT), Enrique Ibarra Pedroza.

Los integrantes del grupo serán David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del PRI, Juan José Cuevas García y Carlos Meillón Johnston, del PAN; Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada nayarita por Nueva Alianza, y el propio Ibarra Pedroza por el PT. Queda pendiente el nombre del legislador del Partido Verde que se integrará a los trabajos. Mañana, la conformación de este grupo plural será convalidada por el pleno de la cámjara, lo que significa que comenzarán formalmente los trabajos.

La tarea de este grupo es dar seguimiento a los elementos del exhorto legislativo votado en la cámara de forma unánime el pasado 7 de septiembre: uno, “Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, a fin de evitar la inestabilidad social en la región”. 

Segundo. “Que la Cámara […] exhorte al Ejecutivo federal a efecto de que a través del Registro Agrario Nacional se realice nuevamente una valoración que contribuya a encontrar una solución entre todos los involucrados” respecto al tema de la propiedad colindante y la concesión de la playa misma.

Tercero, “informar a esta soberanía a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre el presunto daño ecológico en contra de manglares por la instalación de una malla ciclónica”.En cuarto punto, “que se exhorte al gobierno de Jalisco a atender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) referentes al retiro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al desbloqueo de la carretera y al libre acceso a las playas, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una pronta opinión sobre el conflicto suscitado por el desalojo en mención”.

Finalmente, “que la Junta de Coordinación Política de la Cámara […] integre un grupo de trabajo plural de diputados que dé seguimiento puntual al desarrollo de la solución de este conflicto e informe a esta soberanía del estado que guarda el problema. Este grupo presentará programa de trabajo y tendrá vigencia hasta la conclusión del problema”, señala el texto.


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