14 de diciembre de 2009
Primer periodo de sesiones - Jaime Cardenas
La Cámara de Diputados en México, tal como está diseñada, es una institución capturada por los poderes fácticos. Hay grupos parlamentarios que representan los intereses de las grandes televisoras, otros que están aliados al gran capital, hay quien se preocupa por satisfacer más las expectativas de los Estados Unidos que los intereses nacionales. No es una Cámara que represente a los ciudadanos, ni que esté en contacto con ellos.
Su gobierno interno es decidido por los líderes de las bancadas más importantes. Dos personas entre quinientos señalan lo que transita, lo que se discute o vale la pena, y lo que no debe ocupar la atención de los legisladores. Los legisladores en lo individual no tienen libertad, son fácilmente cooptados o presionados. Una actitud de rebeldía por parte de éstos pone en riesgo sus carreras futuras.
En estos meses, la mayoría de la Cámara de Diputados ha aprobado iniciativas contrarias a los ciudadanos. Se acordaron aumentos de impuestos en contra de la economía popular y familiar, no se quiso que las grandes empresas pagaran impuestos como es debido, se eximió a Televisa, Televisión Azteca y a Telmex del pago de contribuciones en materia de las concesiones que se otorgarán respecto al uso de la fibra óptica, no se aceptó una ley de austeridad republicana para disminuir a la mitad los salarios de los altos servidores públicos, el presupuesto fue distribuido entre los gobernadores priístas como botín político para que éstos contaran con más recursos, para posiblemente destinarlos indebidamente a campañas políticas y no para atender realmente los programas sociales.
La Cámara de Diputados decidió no apoyar la controversia constitucional en contra del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, haciéndose cómplice con el gobierno de Calderón, del despido inhumano, injustificado e inconstitucional de más de 44 mil trabadores de esa empresa pública. Hasta el momento, la Cámara baja no cuenta con un procedimiento para aprobar o rechazar las cuentas públicas, lo que constituye una irresponsabilidad porque ese instrumento es uno de los principales instrumentos de fiscalización y de control del legislativo al ejecutivo.
No se ha dictaminado en estos meses leyes o reformas a la Constitución que promuevan la democracia, los derechos humanos, el federalismo, o la autonomía municipal. Las comisiones que son los principales espacios del trabajo legislativo no laboran y no dinamizan las funciones parlamentarias.
Todo lo anterior demuestra la necesidad de profundas reformas al Congreso mexicano para ponerlo al servicio de los ciudadanos y cumpla con sus cometidos constitucionales.
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