9 de junio de 2010

Los pendientes de la Corte Suprema [@SupremaCorte ] | David Velasco #SME #COPALA #ATENCO #GuarderiaABC


Maestro David Velasco académico del ITESO
En su participación semanal 
En el programa Forma y Fondo, de RadioMetropoli
Con los periodistas

Audio:
Radio Metrópoli. 9/06/2010

Los pendientes de la Corte Suprema

Con el mundial de fútbol a la vuelta de la esquina, pareciera que el mundo se detiene. Pero no. Lamentablemente sigue su marcha. Peor todavía. Se aprovecha para que todo mundo futbolero se olvide de los problemas de la vida cotidiana, de los problemas nacionales e internacionales, bueno, hasta donde el fútbol lo permita, por supuesto. Pero en medio del fútbol y la euforia fantaseosa generada por el triunfo de la selección mexicana ante una calculadora selección italiana, el gobierno golpea a los mineros de Cananea y Pasta de Conchos, luego de varios años de lucha pacífica y con argumentos legales que dan ocasión, una vez más, de llevar a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presión internacional que supone para el país las resoluciones, OBLIGATORIAS, de la Corte en casos que ya hemos comentado en este espacio.

Por lo mismo, la fiesta del fútbol no debiera hacernos olvidar, por ejemplo, que la SCJN tiene algunos pendientes de enorme relevancia. Además del caso de la Guardería ABC, en el que el ministro Arturo Saldívar señaló a 14 funcionarios responsables de la tragedia en la que murieron 49 bebés y más de 70 padecen quemaduras y otras enfermedades respiratorias, hay otros dos casos no menos relevantes. Uno es el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que mantiene una huelga de hambre en el zócalo de la ciudad de México, en pleno fervor futbolero, porque están negociando su reubicación sólo para instalar megapantallas en las que se puedan ver los partidos del mundial; el otro es el caso de los campesinos de Atenco, esos supuestos criminales condenados a más de cien años de cárcel, absurda condena en comparación a la sentencia a un famoso narcotraficante de los ’80, recientemente trasladado de una cárcel de alta seguridad a una mediana y que está por terminar su condena de menos de 30 años.

Los tres casos que está por resolver la Corte Suprema, entre muchos otros, destacan por un rasgo común: la impunidad que gozan los responsables, funcionarios públicos y amigos de los funcionarios públicos. Del caso de la Guardería ABC ya se ha comentado en abundancia, pues están señalados desde secretarios de estado hasta exgobernadores, pasando por familiares de la esposa de Felipe Calderón. En el caso de los electricistas, quizá el más complejo de todos, no parece sencilla la resolución de una situación en la que progresivamente se ha ido entregando bienes de la nación a manos privadas, además de que el autollamado presidente del empleo, envió al desempleo a más de 40 mil trabajadores mediante un decreto de dudosa legalidad, al grado de que varios legisladores están revisando la posibilidad de intervenir desde las atribuciones del poder legislativo para impulsar una solución que haga justicia a los trabajadores y a las empresas, todavía, en manos del Estado. El caso de Atenco es, quizá, el de la mayor y más evidente injusticia, con todos los horrores de procedimiento y un conjunto de pruebas contundentes que muestran el uso faccioso de la ley para consumar una venganza por la cancelación del proyecto de un aeropuerto internacional.

Estas tres resoluciones de la Corte son de pronóstico reservado. El certificado de impunidad extendido a un gobernador, en el caso de la periodista y defensora de los derechos de las mujeres, Lydia Cacho, hace pensar que no habrá justicia para las familias de los bebés de Hermosillo, los electricistas del SME y los campesinos de Atenco. Pero, también es cierto que el fallo a favor de mujeres indígenas ñahñú de Querétaro, aquellas que fueron condenados por supuestamente haber secuestrado a agentes federales, dan cierta esperanza de que haya un poco de justicia para campesinos, electricistas y bebés de Guarderías subrogadas. Pero, si a San Juan Copala se le impide que le llegue ayuda humanitaria y los paramilitares se imponen a las autoridades, ¿no serán otros paramilitares los que se impongan sobre los ministros de la SCJN y se continúe con esta larga cadena de impunidades?




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