18 de agosto de 2010

Gobernación debe sancionar a Sandoval y Valdemar Romero por violentar la ley

Legisladores federales y locales, partidos políticos, juristas, especialistas en temas de infancia, investigadores e integrantes de la comunidad LGBT expresaron que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y Hugo Valdemar Romero, vocero de la arquidiócesis de México, deben ser sancionados por la Secretaría de Gobernación, pues sus declaraciones contra los matrimonios homosexuales y las adopciones violentan el Estado laico y la Constitución.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que ningún mexicano puede acusar sin pruebas a otro mexicano, y menos a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Indicó que en un régimen de instituciones, como el mexicano, se puede o no estar de acuerdo con las deliberaciones de la Corte, pero se debe ser profundamente respetuoso de las conclusiones a que llegue.

Consideró que los dichos de Sandoval no fortalecen el régimen de instituciones en el país, ya que no se trata de una opinión, sino de una acusación. Cuando se hace un señalamiento tan delicado debe acompañarse de las pruebas correspondientes.

En tanto, senadores priístas y petistas demandaron al titular de Gobernación, José Francisco Blake Mora, que intervenga para frenar los excesos del clero. Incluso, los legisladores panistas Santiago Creel y Alejandro González Alcocer consideraron impropios y fuera de lugar los señalamientos de Sandoval Íñiguez y Valdemar.

El presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, respaldó la decisión del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, de proceder judicialmente contra el cardenal en caso de que no rectifique sus dichos.

El PRD en la Cámara de Diputados exigió a Bucareli que emita un extrañamiento al arzobispo de Guadalajara. El coordinador de los diputados federales perredistas, Alejandro Encinas, rechazó la intromisión de jerarcas en asuntos del Estado y conminó también a Gobernación a revisar la injerencia y descalificación de ministros católicos.

Jesús Zambrano respaldó a Ebrard en su exigencia de que Sandoval Íñiguez se retracte públicamente de sus declaraciones y demandó que Gobernación aplique sanciones.

Por su parte, diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del DF solicitaron a Gobernación que ponga un alto a la jerarquía católica y respete el artículo 130 de la Constitución. David Razú y Víctor Romo también exigieron al prelado ofrecer una disculpa pública por los insultos a la comunidad gay y las calumnias hacia Ebrard y los ministros.

En una carta enviada al titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, le pide sancionar al cardenal y a Valdemar por violación al artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al realizar proselitismo contra el PRD y de Ebrard.

Miguel Carbonell, coordinador del área de derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, indicó que la Iglesia católica violó la Constitución al convocar a los bautizados a no votar por el partido o los políticos que promovieron el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo.

Organizaciones civiles que trabajan por los derechos de la comunidad LGTB exigieron a la jerarquía católica cordura y mode- ración, ya que declaraciones homofóbicas no sólo siembran odio social hacia los homosexuales, sino que dañan a los niños de las familias homoparentales.

Para mí y para mi esposa es mucho más difícil explicarle a mi hija las declaraciones homofóbicas de la Iglesia católica hacia nuestra familia que decirle por qué tiene dos mamás, afirmó Emma Villanueva, madre lesbiana de una pequeña de cinco años.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó que abrió procesos de investigación por las declaraciones del cardenal y otros religiosos.

Vicente Fernández, catedrático del Tecnológico de Monterrey, expresó que la decisión de la SCJN abona al crecimiento de los derechos ciudadanos en el Distrito Federal, pero también pone a prueba el sistema de impartición de justicia, pues quedan 31 entidades donde hay incertidumbre jurídica.

Emir Olivares, Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Alma E. Muñoz, Mariana Norandi, Rocío González, Bertha Teresa Ramírez y Laura Poy

 

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