19 de agosto de 2010

Pide la ONU revisar procesos de 6 guanajuatenses presas por abortar

  • Emite recomendaciones al gobernador para erradicar violencia de género


La Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno y al Congreso de Guanajuato revisar los expedientes de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel acusadas de homicidio por abortar, a fin de certificar que sus procesos se efectuaron con apego a los estándares internacionales de justicia.

Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dio a conocer aquí nueve recomendaciones del organismo internacional dirigidas al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y al Poder Judicial en relación con las campesinas presas y con la violencia generalizada que sufren las mujeres de la entidad.

Dijo que la ONU “confía en que el sistema de justicia aplicará mecanismos para garantizar un trato no discriminatorio y prejuicioso contra las mujeres, para evitar acusaciones inadecuadas por aborto u homicidio en razón de parentesco.

“Es pertinente –subrayó– que las autoridades revisen los casos de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha para asegurar que tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan estado apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia.”

Para la ONU es necesario que el gobierno de Guanajuato garantice en la legislación penal los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y debe revisar –añadió– la figura de homicidio en razón de parentesco para que no se aplique a casos de distinta naturaleza, con lo cual matizará la proporcionalidad de las penas, dijo Valiña en conferencia de prensa, toda vez que la ley actual castiga con idéntico rigor un aborto y un infanticidio.

Asimismo, la representante del alto comisionado llamó a reformar la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia contra el sector femenino, porque en su versión actual no hace visibles los problemas de las mujeres que la sufren.

En un espectro más amplio, la ONU solicita que Guanajuato impulse políticas públicas para impedir que las mujeres sean discriminadas, para que no queden impunes las agresiones contra ellas y se promueva una cultura de erradicación de estereotipos en perjuicio de este género.

Valiña también aludió expresamente al Centro Las Libres, que lleva los casos de quienes están encarceladas por abortar, y pidió que el gobierno de Oliva Ramírez garantice respeto a los defensores de derechos humanos, porque son protagonistas del fortalecimiento de la democracia, en la medida en que hacen del conocimiento público situaciones preocupantes en la materia.

Durante el encuentro con reporteros y fotógrafos de medios locales y nacionales, Valiña dijo que visitó a las seis mujeres recluidas en los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, así como a dirigentes de organizaciones civiles, al gobernador Oliva Ramírez y a otros funcionarios de la administración estatal.

La ONU realizó esta misión con el objetivo de dar seguimiento a la situación de los derechos de las mujeres en el estado y allegarse información directa sobre el tema, en particular sobre los derechos a la no discriminación y una vida libre de violencia, así como a las garantías sexuales y reproductivas, afirmó la diplomática.

En el estado de Guanajuato –agregó– hay preocupantes niveles de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual, y la Procuraduría de Justicia no conoce el número de condenas impuestas a los agresores o si se reparó el daño a las víctimas.

Señaló que aunque la legislación penal autoriza el aborto en ciertas circunstancias, como la violación, no se tiene registro de ningún caso de aplicación efectiva de esta norma. Valiña puso de relieve que se detectaron patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres y que al mismo tiempo limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

 

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